Los retos de la industria valenciana

La reciente publicación de Contabilidad Regional ha vuelto a llamar la atención ante una preocupación que se arrastra desde al menos un par de años en la Comunidad Valenciana: el mal comportamiento de la industria a pesar del buen tono general de la economía. El último ciclo económico -iniciado a mediados de los años noventa- se ha caracterizado por una notable expansión en la producción y el empleo regional. Esta bonanza económica ha estado encabezada por el potente crecimiento de la construcción y el impulso que ha registrado el sector servicios. Sin embargo, la industria -que ha experimentado una fuerte expansión en la segunda mitad de los noventa- ha dado muestras de debilidad desde el inicio del siglo XXI, al estancarse el volumen de producción e iniciarse la destrucción de empleo en el sector manufacturero.

Tradicionalmente, las etapas de crisis industrial han sido épocas de crisis económica generalizada en todas las actividades productivas y se podían explicar por el impacto de alguna perturbación común, aunque sus consecuencias en los diferentes sectores se manifestasen con distinta intensidad. Así por ejemplo, la crisis industrial de la segunda mitad de los setenta fue desencadenada por el elevado crecimiento de las materias primas y los salarios, y la de principios de los noventa fue el resultado de graves errores en la política macroeconómica. La crisis industrial actual, sin embargo, convive con una fase expansiva del ciclo económico.

Los principales problemas de la industria valenciana se han manifestado en el sector textil, confección, calzado, cuero, muebles y juguetes. Estos sectores -caracterizados por disponer de tecnologías no muy complejas, economías de escala limitadas y enfrentarse a una demanda con crecimiento moderado- se muestran desde hace varias décadas incapaces de mejorar su productividad al ritmo al que lo hacen las demás ramas manufactureras, de manera que se ha acabado produciendo un notable desfase entre los niveles de productividad de los sectores en crisis con relación a las actividades más dinámicas. Por ello, la pervivencia de estos sectores ha requerido el pago de salarios relativamente bajos y un cierto grado de protección frente al exterior. El salario medio de dichas industrias es entre un 20 y un 30 por ciento inferior al salario medio del conjunto de la economía y en torno al 50 por ciento del salario que se percibe en las industrias manufactureras más productivas. Incluso con estas diferencias muchas empresas no hubiesen subsistido sin la protección comercial frente a la competencia de las empresas ubicadas en los países en vías de desarrollo.

La creciente apertura e integración de la economía valenciana en la economía mundial ha hecho más evidente la imposibilidad de que una sociedad próspera en el marco internacional sea capaz de mantener actividades con bajos niveles de productividad. La irrupción de las economías emergentes, y en particular la de China, en los mercados mundiales de los productos tradicionales valencianos ha acelerado la tendencia a la reducción de la importancia relativa de los sectores tradicionales en la estructura productiva. Ante la inviabilidad de algunas empresas en la Comunidad Valenciana, se está produciendo su desplazamiento a otros países en los que los costes de producción facilitan su pervivencia. Este fenómeno es lo que se denomina deslocalización de las empresas.

La deslocalización empresarial debe contemplarse, no obstante, como el resultado del progreso económico. El desplazamiento de actividades con bajos niveles de productividad (aunque utilicen la mejor tecnología disponible) a países más atrasados económicamente y, por tanto, con menores salarios es la evolución lógica de las economías de mercado abiertas a la competencia internacional. Además, siempre que se mantenga el nivel general de la actividad económica, esta relocalización de la producción a escala mundial es sumamente favorable para la mejora de nuestro nivel de vida, puesto que nos permite adquirir en el exterior los bienes que en nuestro país producimos con costes muy elevados y, por tanto, en los que somos ineficientes en relación con otras producciones regionales.

La reacción ante las dificultades de algunos sectores no debería ser la demanda de protección ante las importaciones, como se está solicitando a Bruselas para que limite la entrada de productos de textiles y confección procedentes de China. Esto llevaría a mantener y subvencionar actividades ineficientes y caras, cuya pervivencia a corto plazo sólo conducirá a frenar nuestra prosperidad económica. La mayor integración de los mercados mundiales se ha de contemplar de manera muy diferente: se trata de la gran oportunidad para profundizar en la división internacional del trabajo. Y ello en una doble vertiente. Por un lado, desplazando a los países emergentes las empresas menos eficientes dada la estructura de costes en nuestra economía o bien aquellas fases del proceso productivo más rutinarias y que incorporan un menor valor al producto. Por otro lado, reorganizando la estructura productiva hacia las actividades con mayores niveles de productividad y, en el caso de la industria tradicional orientándola a la satisfacción de los segmentos de demanda más sofisticados.

Esto, en una economía industrial avanzada, es una tarea fundamentalmente empresarial. En los empresarios recae la responsabilidad de desarrollar aquellas líneas o actividades productivas en las que puedan desplegar sus capacidades y su talento empresarial. Las administraciones públicas también pueden y deben colaborar de manera decisiva en este proceso de reorganización productiva, fundamentalmente mediante la adaptación del marco institucional, fiscal y laboral, a los nuevos retos planteados con la finalidad de estimular la competencia y la rivalidad empresarial en el ámbito mundial. Especialmente, teniendo en cuenta que las empresas con éxito en el siglo XXI deberán ser globales, en el sentido de que las diversas partes de sus procesos productivos pueden requerir una continua relocalización geográfica. En cualquier caso, lo que también parece que se percibe con mayor claridad es que el sector público debería abstenerse de poner en marcha programas específicos dirigidos a combatir el cierre de empresas, ya que normalmente no sólo son formas de enterrar recursos públicos, sino que acaban demorando el necesario ajuste estructural que requiere la continuidad del progreso económico.

J. A. Martínez Serrano es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.