La policía devuelve a Francia en quince días a unos mil inmigrantes que cruzaron la frontera
Sólo dos de los ciudadanos extranjeros recibieron asistencia letrada como exige la ley
El efecto llamada ha convertido la frontera guipuzcoana con Francia, durante las últimas dos semanas, en uno de los principales coladeros de inmigrantes. La policía española ha devuelto a las autoridades del país vecino desde el 22 de abril a alrededor de un millar de ciudadanos extranjeros que burló los controles en los tres pasos fronterizos de Biriatou, Puente de Santiago y Behobia. Sólo dos de ellos han recibido asistencia letrada, por lo que los abogados del turno de Extranjería presentarán un recurso contra la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa.
En la madrugada del 23 de abril, un importante grupo de ciudadanos pakistaníes cruzó la frontera con la esperanza de poder acogerse al proceso de regularización de inmigrantes que concluye mañana. Unos lo hicieron en Topo (el tren de cercanías que une San Sebastián con Hendaya), otros utilizando la red de ferrocarriles francesa y española, y los menos, en taxi. Pero agentes del Cuerpo Nacional de Policía descubrieron su presencia y saltaron las alarmas. En cuestión de horas, 97 de ellos fueron devueltos a las autoridades francesas en virtud del acuerdo de readmisión.
Pero el hecho, insólito en Guipúzcoa, se volvió a repetir al día siguiente. Esta vez la policía detuvo a 133 hombres y la Subdelegación del Gobierno central se vio obligada a pedir refuerzos para incrementar el control en la frontera. Y el goteo de inmigrantes ha continuado hasta ahora. La Policía española ha devuelto a un millar a las autoridades francesas, pero no se sabe cuántos habrán logrado colarse. "La frontera está ya prácticamente controlada", afirma un portavoz de Interior. ¿Se eliminarán los controles policiales mañana, cuando acabe el proceso de regularización? "Se mantendrán mientras sean necesarios", contesta.
El proceso de devolución de inmigrantes no ha estado exento de polémica. Primero, porque la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa sólo ha prestado asistencia letrada a dos de los mil inmigrantes, los dos únicos a los que abrió expediente de expulsión: un ciudadano indio de 64 años y un pakistaní de 34, que fueron detenidos por la Guardia Civil en Hondarribia tras cruzar en barca desde Hendaya. "Nos han llamado única y exclusivamente para asistir a estas dos personas", afirma Iñaki Almandoz, coordinador del turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Guipúzcoa. "Y eso es una contradicción. ¿Por qué se les abre a ellos un expediente de expulsión y al resto no?", se pregunta. Esta postura, según Almandoz, perjudica a los inmigrantes, ya que la apertura del expediente de expulsión puede conllevar la prohibición de entrar en España o cualquier otro país del acuerdo Schengen en un plazo de tres a diez años. Y sostiene que Francia no está abriendo expedientes de expulsión, sino que deja libres a los extranjeros devueltos.
En Cataluña
El turno de Extranjería de Guipúzcoa no es el único que levanta la voz por la forma de proceder de la Subdelegación. Sus homólogos de Figueres (Girona) dicen observar una situación parecida en su territorio: búlgaros y rumanos devueltos cuando tienen todos los papeles en regla para circular 90 días por el espacio Schengen, negación sistemática de asistencia letrada y ocultación de información. "Nos enteramos por la prensa de que el año pasado se devolvió a 80.000 personas. A nosotros sólo nos dijeron que era una multitud", dice Joan Ramón Puig, coordinador de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Figueres.
La policía intensificó su presencia en la frontera catalana de La Jonquera cuando el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ordenó que se persiguiera a las mafias que se dedican a introducir inmigrantes a España. Esa puede ser una de las razones que expliquen por qué la frontera entre Hendaya e Irún ha sufrido esta avalancha de inmigrantes. "Nosotros intuimos que esto pasa", asegura Puig. "Van probando pasos. Hace un mes y pico se detectaron cinco autobuses en en Girona y suponemos que van buscando vías donde el control policial no es tan estricto".
[El abogado Iñaki Almandoz, en representación de Gabriela Queteguari, la ciudadana boliviana devuelta a España por orden de una juez a cargo del Estado, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Pide 2.250 euros de indemnización por los cinco meses que esta mujer no ha podido trabajar como consecuencia de su expulsión irregular].
