Alperi no explica por qué una deuda de 2.000 euros pasó a 300.000 en un mes en Mercalicante

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, repitió ayer durante las casi seis horas que duró su interrogatorio por el caso Mercalicante que todas las operaciones que rubricó como presidente de la firma agroalimentaria de capital público estaban avaladas por los técnicos. Y no por cualquier técnico, matizó a la juez, sino por el interventor del Ayuntamiento, el secretario, el asesor jurídico de la mercantil y los especialistas de la empresa estatal Mercasa. Sólo se descolocó Alperi ante una pregunta del fiscal sobre los súbitos números rojos de la cuenta de gerencia.

Díaz Alperi dice que se siente indefenso y recurrirá en amparo al Constitucional

Según varios de los asistentes a al interrogatorio, cuando el fiscal Anticorrupción lanzó esa pregunta al alcalde, éste vaciló y recurrió al mismo argumento que con insistencia repitió una y otra vez durante el extenso interrogatorio: todo estaba supervisado por los técnicos y las cuentas de la firma agroalimentaria eras fiscalizadas no sólo por auditorías propias sino también por el interventor del Ayuntamiento, el secretario municipal y el letrado asesor de la sociedad.

A la mitad de su interrogatorio a Díaz Alperi, el fiscal Briones sacó de su cartera un informe policial según el cual el alcalde y el resto de los consejeros recibían un extracto periódico de las cuentas de la mercantil. Esos extractos, según el fiscal, reflejaron un súbito pasivo en la cuenta que manejaba el ex gerente y presunto autor del desfalco, Emilio Clavero, de ahí que Briones preguntara al alcalde cómo fue posible que no detectara el desfase. El alcalde, según varios letrados asistentes, quedó descolocado y al final respondió con tantos apuros a esa pregunta que más tarde, por iniciativa propia y tras consultar en un receso del interrogatorio al actual gerente de Mercalicante, matizó y aclaró a la juez su imprecisa respuesta anterior. Dijo entonces a la juez que al parecer esa cuenta de gerencia no figuraba en los extractos que periódicamente le remitía la empresa.

Cuando Díaz Alperi entró ayer a la sala de Juzgado de Instrucción 1 de Alicante se encontró con este panorama: un fiscal anticorrupción que estrenaba cargo con su caso, una magistrada, Cristina Costa, que conoce a pies juntillas el caso a juzgar, dos incisivas acusaciones populares -una de ellas, el PSPV- y una docena de abogados de otros tantos querellados dispuestos a cargar tintas contra el alcalde como presidente de la empresa y, por tanto, último responsable de la misma. Pero en la práctica, Díaz Alperi dispuso de un clara mayoría en la sala: sólo contestó, además de a la juez y al fiscal, a su abogado y a los letrados de Mercalicante y del Ayuntamiento, de tal forma que, según varios de los asistentes al interrogatorio, el alcalde dispuso en la práctica de tres abogados defensores frente a un acusador, el fiscal, y a las preguntas de la instructora.

Además de derivar responsabidades a los técnicos, Díaz Alperi volvió a insistir ante la juez y el fiscal en un argumento que ha mantenido invariable desde que a finales de julio de 2002 despidiera al ex gerente de Mercalicante: él y todo el consejo de administración fueron víctima de un gran y prolongado engaño del gerente. Por ello, Emilio Clavero, según declaró Díaz Alperi a la juez, es el único responsable de lo ocurrido.

Los socialistas, autores de la querella al alcalde, tienen una versión muy distinta. El concejal Ángel Franco aseguró ayer que Díaz Alperi es el máximo responsable de Mercalicante para lo bueno y para lo malo y tiene una evidente responsabilidad por llevar a la quiebra técnica a una empresa de capital público y ahora reponer los fondos que faltan con el dinero de los ciudadanos. Además, "fue Díaz Alperi quien nombró a ese gerente al que ahora culpa de todo, dijo Franco. A su entender, si Díaz Alperi sale impune de este caso se estaría facultando a todos los responsables públicos y privados de las empresas a que consintieran este tipo de desfalcos en las mercantiles que dirigen".

Díaz Alperi, por su lado, anunció una querella por calumnias contra el PSPV, aseguró que ha sentido indefensión y que recurrirá en amparo al Constitucional contra la admisión de la querella.