IU detecta nuevos incumplimientos en las contratas de jardines de Málaga

Izquierda Unida anunció ayer que va a presentar una ampliación de la denuncia que puso en julio de 2001 por irregularidades en las contratas para el mantenimiento de los parques y jardines de Málaga, caso en el que el juez instructor ha detectado un fraude de al menos 413.125 euros. IU entiende que las empresas concesionarias no han cumplido ninguna de las mejoras técnicas a que estaban obligadas por contrato.

"Las empresas están incumpliendo de forma flagrante las mejoras técnicas y de ejecución que estaban incluidas en el pliego de condiciones del concurso público", aseguró ayer el concejal de IU José Luis Portillo. El Ayuntamiento de Málaga dividió la ciudad en dos partes y otorgó el mantenimiento de las zonas verdes y parques de cada una de ellas a las empresas Sando y Urbaser en mayo de 2000.

Según relató ayer Portillo, en el pliego de condiciones se incluían una serie de mejoras en el servicio que debían satisfacer las adjudicatarias y que cuatro años después siguen sin cumplir como una planta de tratamiento de compostaje de 5.000 metros cuadrados con una trituradora, la creación de un servicio telefónico de atención al público, estudio de las zonas verdes para adaptarlas a discapacitados o la creación de una oficina de proyectos a disposición del servicio municipal de Parques y Jardines.

Todas estas anomalías serán incluidas en la ampliación de la denuncia que IU presentará ante el juzgado de instrucción número 11 de Málaga, que instruye las irregularidades en el servicio. El titular de este juzgado, Juan Francisco Ramírez Barroso, dictó un auto en julio de 2003 en el que estimaba que en sólo el primer año de la concesión, las empresas cobraron indebidamente al Ayuntamiento 413.125 euros que le habían facturado de más, y encontró indicios de presuntos delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos.

"Estas conductas delictivas vienen determinadas por el hecho de haber sido beneficiadas con mayor cantidad de dinero que la que les correspondería en virtud del contrato de adjudicación de mayo de 2000", aseguraba el juez. En el auto describía cuatro mecanismos utilizados por las empresas para estos cobros indebidos: la alteración de los metros cuadrados de las distintas zonas verdes y la certificación como tipo B de jardines que en realidad eran tipo A -hay una escala de precios según las características de los distintos parques-; la doble certificación de trabajos de conservación general y de poda y la inclusión de tratamientos fitosanitarios en las certificaciones de cobro a pesar de que esta tarea estaba incluida en el pliego de condiciones dentro de las de mantenimiento.

El propio Ayuntamiento reconoció en su día la existencia de "fallos" en las certificaciones por el mantenimiento de las zonas verdes y en 2001 mantuvo suspendido los pagos durante unos tres meses mientras realizó una auditoría cuyos resultados no dio a conocer. Pese a ello, hasta en dos ocasiones el equipo de gobierno se negó a constituir una comisión de investigación a instancias de la oposición.

Portillo lamentó ayer que el equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre "persiga consolidar la situación anómala en la que se encuentra el servicio". En julio de 2003, el equipo de Gobierno también rechazó la suspensión cautelar del contrato a las concesionarias mientras se resolvía la instrucción judicial del caso, aún en curso. IU sostiene que no sólo se ha mantenido a las empresas que "han engañado al Ayuntamiento", sino que "se les está haciendo un traje a medida" en pliego de condiciones con el que se sacará de nuevo el servicio a concurso "para que se mantengan".

La adjudicación se hizo por cuatro años, pero en mayo de 2004 el Ayuntamiento decidió prorrogar la concesión por un año más, pese a que en julio de 2003 anunció que no se renovaría. El nuevo concurso aún no se ha convocado, por lo que según IU, el próximo día 31 volverá a ser renovado el contrato.