La Junta da luz verde al Instituto de Prevención de Riesgos Laborales con cuatro años de retraso

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio ayer luz vez al anteproyecto de ley de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, cuya principal misión será la de "fomentar la cultura preventiva" a través de cursos de asesoramiento y de campañas informativas, pero que carecerá de capacidad sancionadora o inspectora sobre siniestralidad laboral, según admitió ayer el consejero de Empleo, Antonio Fernández. En lo que va de año 48 personas han muerto en Andalucía por accidente en el trabajo, cuatro más que en el mismo periodo de 2004.

La puesta en marcha del instituto nace con cuatro años de retraso, ya que su creación estaba prevista en el acuerdo de concertación social firmado por Junta de Andalucía, sindicatos y patronal en mayo de 2001. Pese a todo, Fernández, que lleva un año al frente de la consejería y fue durante nueve años viceconsejero de Empleo, achacó la demora a la falta de tiempo por la convocatoria electoral de marzo de 2004 y a que ahora existe una dirección general de Seguridad Laboral, por lo que "el contexto administrativo" es distinto a cuando se redactó el borrados de la norma. El anteproyecto sólo consta de tres títulos y 13 artículos.

La ley del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, según calcula Antonio Fernández, estará aprobada a finales de 2005 y cuenta con el visto bueno de los agentes sociales, que ayer acogieron el inicio de los trámite como una "buena noticia". El organismo autónomo contará inicialmente con un presupuesto anual de 3,2 millones de euros. Su función básica será la de "fomentar la cultura preventiva como un valor ciudadano", afirmó el consejero, quien negó que estuviera previsto que el instituto cuente con capacidad sancionadora, ya que ésta recae sobre la autoridad laboral. "La prevención no forma para de nuestras prioridades, cuando lo primero debe ser el trabajar seguro", dijo.

Al instituto le corresponderá la organización de campañas divulgativas, la realización de estudios sobre las condiciones de seguridad o el asesoramiento a los sectores con mayor índice de accidentes como el de la construcción.

Fernández informo de que a 30 de abril las personas muertas por accidentes de trabajo ascendían a 48, cuatro más que en el mismo periodo de 2004, año en el que se computaron 217 muertos, 2.500 accidentes graves y 147.167 leves, según los sindicatos. El consejero afirmó que algunos de los 48 fallecimientos son "difícilmente imputables a carencias de medidas preventivas".

De otro lado el Consejo de Gobierno adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Conflicto de competencias. Autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para que plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional en relación con tres reales decretos reguladores del sector ferroviario en España aprobados en 2004. A juicio del Gobierno andaluz, dichos decretos vulneran atribuciones de la comunidad y se interponen al no prosperar los requerimientos de la Junta. Sin embargo, ambos ejecutivos han manifestado su disposición a tratar el asunto en el seno de la comisión bilateral Estado-Junta. Este es el primer recurso contra medidas del Gobierno del socialista Zapatero.

- Ayudas a ayuntamientos. Acuerdo para agilizar el pago de las ayudas que la Consejería de Gobernación concede a las entidades locales para financiar gastos corrientes y proyectos de mejora de infraestructuras e innovación tecnológica. Estas aportaciones, que alcanzan una cifra total de 46,76 millones de euros, serán abonadas en un único pago.

- Rota. El Gobierno andaluz ha pedido información al Ministerio de Defensa sobre ampliación de actividades en la base.