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Un juez investiga desde 2003 a un 'ertzaina' por malversación de fondos

La defensa ha pedido el sobreseimiento al entender que no existen pruebas contra el agente

El Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao investiga a un agente de la Ertzaintza encargado de supervisar los gastos de determinadas unidades de la Policía criminal de la Ertzaintza por una supuesta malversación de fondos públicos y por un delito de falsificación. La investigación del juez instructor del caso, José María Eguía, se inició a raíz de una denuncia presentada en el juzgado en 2003 por el jefe de la División de la Policía de lo Criminal de la Ertzaintza, Angel del Río Olabarria, en representación del Departamento de Interior. La denuncia estaba sustentada en un atestado (número 445A0300001) realizado por la Unidad de Inspección e Investigación de Vizcaya, grupo de la División de Asuntos Internos que dirige Gervasio Gabirondo.

El informe policial recogía una acusación directa contra el ertzaina Jon Andoni F. G. como presunto responsable de un delito de malversación de fondos públicos y de falsificación de documentos. Este agente, de la primera promoción y destinado en los Servicios Centrales de la policía vasca, está encargado de revisar los gastos y las facturas de las unidades que trabajan en la lucha antiterrorista como la UIA, contra la delincuencia organizada como UIC y en los grupos policiales de seguimientos (Erlo). El montante reseñado en la denuncia no es millonario -de hecho es inferior a los 3.500 euros, según ha indicado a este periódico el letrado defensor del policía vasco, Ricardo Palacio-. Sin embargo, fuentes policiales han estimado el volumen de dinero que puede supervisar el policía imputado en esta causa (hoteles, comidas y pagos diversos) puede superar los 120.000 euros mensuales.

El juez abrió las diligencias previas 1984/03 y cómenzó la investigáción con la toma de declaración del agente imputado. El ertzaina ha declarado ya en la causa negando los hechos. Junto a su testimonio, el juez instructor ha tomado declaración a varios compañeros del policía denunciado y otros agentes de la policía vasca. El letrado defensor pidió que se le practicara a su cliente una prueba caligráfica para posteriormente cotejarla con los elementos de pruebas aportados en el juzgado por el Departamento de Interior para sustentar la denuncia.

El juez ordenó que se realizara un cuerpo de escritura al imputado y remitió el material al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que examinaran las pruebas y se pronunciaran sobre la coincidencia o no de los elementos caligráficos presentados por Interior. El pasado 20 de marzo el juez notificó a las partes el informe grafológico del citado instituto de toxicología. El letrado defensor indicó que el resultado del informe no aclara nada. "De la lectura del documento remitido por Toxicología no se puede inferir ni una cosa, ni la otra. Ni que sea el mismo tipo de letra, ni lo contrario". A la vista de este informe, el abogado ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta contra el ertzaina.

Interior denunció el caso

El caso ha llegado a los tribunales por el trabajo previo de la Inspección General, en donde trabajan 79 ertzainas. La temida división de Asuntos Internos, que desde junio de 2003 ha tratado de lavar su imagen de látigo de la disidencia interna entre los policías a través de jornadas y entrevistas a sus jefes en el Ertzaintza Gaur. Su responsable, Gervasio Gabirondo, en una entrevista de 2003 indicaba: "No es fácil investigar a un compañero (...) Pero tienes el absoluto convencimiento de que las conductas que has investigado son merecedoras de sanción y las tienes que trasladar para que se pongan en marcha los mecanismos correspondientes". Gabirondo añadía: "Trabajas por tener una de las mejores policías que existan, y la más honesta y transparente". Las penas por el delito de malversación de fondos de una autoridad o funcionario público van de los tres a los seis años de cárcel e inhabilitación absoluta de seis a diez años. Si la sustracción no alcanza la cantidad de 4.000 euros, será una multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo hasta tres años.

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