Razón y método de la reforma universitaria

Decía el doctor Bricall, en el informe Universidad 2000: "Si los gobiernos no reforman la Universidad, lo harán los mercados". A lo que algunos -con cierta ironía, pero no por ello faltos de razón- añadían "y encima no nos vamos a enterar".

En los últimos años del siglo XX vimos cómo los países de nuestro entorno emprendían sendas reflexiones sobre el tema y no dudaban en tomar iniciativas: el informe Dearing en el Reino Unido, las reformas legislativas en Alemania, Portugal e Italia, o el informe Attali en Francia.

En nuestro país, el informe Bricall planteó las reformas necesarias de acuerdo con la Declaración de Bolonia y la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Pero, también, para resolver los desajustes entre la actividad formativa y de investigación que se llevan a cabo en la Universidad y las demandas sociales y del mercado de trabajo.

La nueva ley debe crear las condiciones para ennoblecer la tarea del profesor

Esta falta de sintonía entre lo que se hace en la Universidad y lo que se espera de ella se refleja especialmente en la diferencia entre el número de alumnos que acceden y el número de titulados universitarios, así como en que la formación recibida difícilmente se ajusta a las demandas laborales.

Las reformas deben ser, pues, impulsadas de forma clara y contundente por los responsables políticos, otorgando prioridad absoluta a la educación superior en tanto que elemento fundamental para el desarrollo económico, cultural y social, individual y colectivo y, por lo tanto, asumiendo con claridad que la inversión pública en formación tiene como fin último mejorar la calidad y la equidad.

Las propuestas surgidas en este sentido de la propia comunidad universitaria fueron ninguneadas por los responsables políticos y por el Gobierno del Partido Popular. Éste se lanzó a la aprobación de una Ley Orgánica de Universidades (LOU), sin modelo, sin debate, sin consenso, desperdiciando una gran oportunidad y convirtiendo la esperada reforma en una reforma contra la Universidad.

La LOU fue una mala solución a un diagnóstico erróneo de la problemática de las universidades. Se identificaron mal los problemas y los déficit, se ignoró la necesidad de financiación suficiente, especialmente en lo referido al sistema de becas y ayudas al estudio, fundamental para la equidad. Se elaboró la ley de espaldas a la comunidad universitaria y al margen de las administraciones autonómicas, plenamente competentes en materia de política universitaria.

Se abren ahora nuevas posibilidades para el sistema universitario español. El compromiso del Gobierno socialista y del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de impulsar cambios sustanciales en la Universidad pasa por abordar las reformas legislativas necesarias y también por emprender políticas activas de acuerdo con la prioridad otorgada a la educación y a la I+D. En menos de un año de gobierno socialista, los recursos para becas e inversión en educación universitaria, investigación científica y desarrollo tecnológico han experimentado avances sustanciales.

Conviene, pues, reformar la LOU y preguntarse por lo que se espera de esa reforma y por lo que la nueva ley puede resolver.

Decía Descartes que no ser útil a nadie equivale a no valer nada. De igual modo, el profesorado universitario, más allá de sus legítimos intereses particulares, necesita tener el convencimiento de que lo que hace, docencia o investigación, tiene repercusión, es útil; sólo de ese modo verá auténticamente recompensado su trabajo. La nueva ley tiene la obligación de crear las condiciones para ennoblecer la tarea del profesor y deberá hacerlo eliminando incertidumbres en el proceso de selección, esto es, sustituyendo la actual habilitación por un método de acreditación ágil tras el cual cada universidad, en virtud de su propia autonomía, seleccione por concurso a los más aptos.

Los estudiantes deben encontrar en la futura ley, desde el diseño de una única prueba general de acceso -reconocida tanto para el ingreso en universidades de países de nuestro entorno como para convalidar la admisión de alumnos extranjeros en el nuestro-, hasta el esbozo de un Estatuto del Estudiante que compendie sus derechos y obligaciones y defina su papel en el sistema universitario. También el compromiso de establecimiento de un régimen de becas y ayudas al estudio que facilite a la vez el principio de igualdad de oportunidades y la incorporación de nuestros mejores expedientes al mundo académico e investigador en situación de dignidad, homologación con Europa y plenitud de derechos sociales.

El personal de administración y servicios debe también sentirse identificado con la nueva ley. El diseño de una adecuada carrera administrativa con recorrido suficiente para que no carezca de alicientes y motivaciones, y su conveniente participación en los órganos de gobierno y representación de las universidades, podrían ser fórmulas idóneas.

Además de la comunidad universitaria, la Universidad en su conjunto, como institución, reclama de los poderes públicos, y debe encontrar en la nueva ley, un compromiso claro sobre su financiación. La creación, el pasado mes de noviembre, de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria, que, además de cumplir con el compromiso de elaborar un modelo de referencia, analizará la suficiencia económica y su necesaria orientación a la mejora de la eficiencia y la equidad, debe ser un buen camino. Suficiencia económica para que la Universidad cumpla con sus objetivos, equidad para asegurar la igualdad de oportunidades y eficiencia para conseguir el adecuado reparto entre universidades y dentro de cada una de ellas.

Pero hay cuestiones que la ley no va a resolver. El cambio de paradigma respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje en el que el foco del proceso formativo pasa a ser el aprendizaje del alumno y su capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida conlleva un cambio de cultura pedagógica en la Universidad. Para que este cambio sea no sólo posible, sino real y efectivo, es necesario proporcionar los medios y los instrumentos adecuados.

Asimismo, la armonización de los sistemas europeos de educación superior y la definición de un sistema transparente, con titulaciones comparables y homologables, permitirá una mayor movilidad de los estudiantes, los graduados y los profesionales en general. Es evidente que, además del marco legislativo adecuado, será del todo necesaria la implicación de los responsables políticos, de las administraciones educativas, desde la Comisión Europea, las administraciones autonómicas, hasta el Ministerio de Educación y Ciencia, y de los propios miembros de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, agentes sociales...).

Por último, si queremos que dicha reforma sea duradera, hemos de acertar con el método a seguir porque, volviendo a Descartes, "no basta tener un sano juicio, lo principal es aplicarlo bien". Los próximos pasos deben ser firmes, pero consensuados. Deben conciliar las reformas necesarias para encarar el futuro de nuestra Universidad con garantías sin por ello alterar la vida académica, eliminar las trabas y disfunciones de nuestro sistema universitario sin perder un ápice en los parámetros de calidad exigidos en países de nuestro entorno. Además, la futura ley deberá acomodar el impulso del Estado en materia universitaria con las competencias constitucionalmente atribuidas a las comunidades autónomas, por una parte, y con el principio de autonomía de las universidades, por otra. En definitiva, el cambio social al que asistimos en un escenario internacional cada vez más homogéneo, debe animarnos a no errar en la orientación y en las decisiones a tomar. Sólo de esa manera la Universidad obtendrá la confianza de la sociedad, será un verdadero instrumento de cambio social y la mejor escuela de ciudadanos comprometidos, críticos, responsables y formados en valores.

Montserrat Palma es la portavoz socialista de Universidades e Investigación en el Congreso de los Diputados, y Mario Bedera es el vicepresidente primero de la Comisión de Educación del Congreso.