El Ayuntamiento cree que el cambio en la Ley del Suelo le resta competencias

El Ayuntamiento cree que la modificación de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno regional hace un mes supone una usurpación de competencias a los municipios, y ayer pidió formalmente al Gobierno de Esperanza Aguirre que la retire. Según la Concejalía de Urbanismo, la Comunidad se apropia de la competencia sobre las "redes generales, es decir, calles y viarios internos de la ciudad", que ahora dependen de los ayuntamientos. El Ejecutivo de Aguirre sostiene que esa interpretación es "errónea".

El pasado 31 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó modificar la disposición transitoria sexta de la vigente Ley del Suelo de 2001 -disposición que se refiere a suelos clasificados para "dotaciones o infraestructuras, equipamientos y servicios públicos"-, añadiendo este último párrafo: "En todo caso, los planes de desarrollo que incorporen estos terrenos requerirán, para su aprobación definitiva, el informe previo y favorable de la Comunidad de Madrid sobre la idoneidad de las redes generales y supramunicipales exteriores de infraestructuras de comunicaciones para la viabilidad de aquéllos".

Es decir, que cualquier desarrollo urbanístico que se programe en esos suelos tendrá que contar con un informe de la Comunidad dando su visto bueno a las "redes generales y supramunicipales exteriores de infraestructuras de comunicaciones", para garantizar, según argumenta el Gobierno regional, que la zona queda bien comunicada.

La edil de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, considera que el término "redes generales" engloba no sólo carreteras e infraestructuras como la red del metro (que sí dependen de la Comunidad), sino "calles, viarios internos" y cualquier cosa que se haga sobre ellos, algo que "es potestad de los ayuntamientos".

Petición de retirada

Por eso, Martínez ha pedido a la Comunidad que retire la modificación, según publicó ayer el diario La Razón, y confirmó después la concejal en declaraciones a Europa Press.

"Pensamos que ese punto de la modificación [el que se refiere a las "redes generales"] es un error y debe ser subsanado mediante la supresión de la palabra 'generales', para que la Comunidad tenga competencias únicamente en las redes supramunicipales [carreteras regionales y metro]", afirmó Martínez, que puso un ejemplo de las consecuencias que tendría dejar el texto tal y como está: si el Ayuntamiento quisiera autorizar la colocación de restaurantes o veladores en el suelo que va a quedar liberado de tráfico tras el soterramiento de la M-30 junto al Manzanares, tendría que pedir permiso a la Comunidad.

La responsable municipal de Urbanismo había amenazado la víspera con acudir al Tribunal Constitucional si Esperanza Aguirre se negaba a rectificar el texto, pero ayer negó que vaya a llevar el asunto a los tribunales y se limitó a señalar que había llamado por teléfono al consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Mariano Zabía, para concertar una cita.

Dirigentes regionales se mostraron disgustados por haber tenido que enterarse del malestar del Ayuntamiento "leyendo la prensa", y subrayaron que Aguirre no piensa retirar la modificación porque no invade competencias municipales. También se esforzaron por tranquilizar a la concejal de Urbanismo, que "ha interpretado el texto de forma errónea": "La modificación legal aprobada no afecta en absoluto al suelo de la M-30, sino sólo a los futuros desarrollos urbanos que supongan modificación de suelo dotacional para obtener plusvalías". Traducido: los suelos de la Operación Chamartín -la venta de suelo público para construir 16.000 viviendas y financiar así la construcción de una macroestación de tren- y de la Operación Campamento -la construcción de 11.000 pisos sobre terrenos del Ministerio de Defensa, que subastará una parte del terreno y levantará en el resto vivienda protegida-.