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El delegado de la Zona Franca vuelve a anunciar más querellas

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, del PSOE, anunció ayer, tras la celebración del comité ejecutivo de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, que la Abogacía General del Estado no presentará sólo una querella por las supuestas irregularidades y prácticas delictivas en la gestión del PP en el recinto fiscal gaditano, sino que emprenderá varias acciones penales antes del verano contra los antiguos gestores populares, empresarios y sucursales bancarias. "De las investigaciones desarrolladas por los abogados del Estado están surgiendo otras posibles irregularidades", dijo De Mier, quien, con todo, aclaró que la Zona Franca y la Abogacía del Estado están actuando con "mucha cautela, seriedad y serenidad" para que los procesos penales "prosperen".

La primera acción penal se presentará en un plazo máximo de dos semanas contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo (ex destacado militante del PP) y "todas aquellas personas que puedan estar relacionadas" con las irregularidades y supuestas prácticas delictivas detectadas en esta sociedad, que ha provocado un quebranto económico de 30 millones de euros a la Zona Franca.

De Mier insistió en que la acción judicial intenta dilucidar posibles delitos de fraude, apropiación indebida, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Otra de las querellas será por la gestión en Rilco, otra sociedad de la Zona Franca que, según el Consorcio, ha causado un agujero de 15 millones. Se trata de los polémicos 6,8 millones de euros que pagó la Zona Franca en 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva por un material informático para crear una red de comercio digital que nunca llegó a funcionar y que, según un primer estudio universitario, tiene un valor que apenas alcanza 2 millones de euros.

La Abogacía del Estado no descarta interponer otra querella por el millón de euros que Manuel Rodríguez de Castro gastó en viajes, hoteles, restaurantes y regalos y que no justificó, según el Tribunal de Cuentas.

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