Recelos y sospechas

"Mi obligación es velar por los intereses del club, que es una sociedad anónima deportiva. Nunca haré negocio con el Valencia", afirma Juan Soler, quien junto con su familia controla cerca del 40% de las 192.000 acciones de la entidad. Unas acciones que multiplicarán su valor cuando el Valencia enjugue su deuda. Entonces, y según los expertos, el precio de cada una se disparará hasta los 1.000 euros "o más" cuando el valor nominal fue de 40. Así que el negocio es redondo para la familia Soler, que acaparó acciones mediante una ambiciosa campaña mercantil: empezó pagando 600 euros por cada título y acabó adquiriendo el paquete del ex presidente Francisco Roig, 31.000, por 31,6 millones. O sea, 1.020 euros por cada una.

La operación diseñada por el Valencia en Riba-roja ha sido impulsada por el Gobierno valenciano, del PP, a través del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. Una intervención criticada por los detractores del plan: el grupo socialista, Izquierda Unida y los ecologistas.

"Blasco ha faltado el respeto a los funcionarios y a los técnicos municipales dando luz verde a un proyecto que todavía debe ser aprobado por el Ayuntamiento de Riba-roja y la Administración autonómica", afirma Rubén Ferrer, de Los Verdes; "y eso lo ha hecho sin atender al grave daño que puede causar la construcción de casi 3.000 viviendas en un valle ubicado entre un paraje natural y un monte protegido".

Mientras tanto, Izquierda Unida ha pedido la intervención de la Fiscalía Anticorrupción por la "implicación" del Gobierno "en el pelotazo de la familia Soler".

"La Generalitat tiene la obligación moral de ayudar al Valencia", asegura Blasco, que respondió raudo a la llamada de auxilio del Valencia, que, en caso de que el PAI no se hubiera acordado antes del pasado lunes, cuando vencía la opción de compra sobre los terrenos de Riba-roja, habría perdido 3,6 millones de euros.

La venta por parte del Valencia del millón y medio de metros urbanizables en Riba-roja a la promotora Nozar también ha despertado recelo en los críticos, que denuncian que se realizara sin convocar un concurso público y que un directivo del club, el vicepresidente Vicente Soriano, sea socio de dos accionistas de la urbanizadora en otra empresa. Soler, que aseguró cuando tomó las riendas del club que ninguno de sus consejeros se beneficiaría de las operaciones del Valencia, considera "infundadas" las sospechas que arrecian sobre Soriano.