Un arsenal invisible amenaza Centroamérica
Dos millones de armas circulan sin control en una de las zonas con más delincuencia del mundo
Unos dos millones de armas de fuego circulan legal e ilegalmente en Centroamérica, según las cifras de diversas instituciones que ejercen una función de registro y regulación. De esta cantidad, 450.000 están en El Salvador en manos de civiles, dentro de lo que la Fundación Arias para la Paz y el Progreso denomina el arsenal invisible, compuesto esencialmente por pistolas, armas largas y explosivos. La consecuencia es inevitable: ninguna región en el mundo enfrenta los niveles de violencia por delincuencia y criminalidad común de Latinoamérica, y, dentro de ésta, El Salvador ocupa un lugar predominante.
"Hay en nuestra sociedad un patrón cultural muy arraigado, que da por sentado que todo ciudadano tiene derecho a defenderse", dice la psicóloga María Santa Cruz, analista del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. "Impera el criterio de que mi seguridad está por encima de la de cualquier persona, y de que la violencia es una vía legítima de resolver problemas", añade.
La privatización de la seguridad generó una proliferación de empresas con armas
Los países con mayor índice de violencia son los mismos que sufrieron guerra civil
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) patrocinó en El Salvador una investigación sobre las armas de fuego y violencia en la que participaron instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales. El trabajo concluyó que las naciones de América Latina que padecen los mayores índices de violencia común (Colombia, Guatemala y El Salvador) son las mismas que han tenido guerras civiles más prolongadas en la historia contemporánea de la región. Los conflictos bélicos exacerbaron las condiciones para que la violencia siguiera reproduciéndose. En el caso salvadoreño, José Miguel Cruz, director del estudio, menciona la debilidad institucional, la disponibilidad de armamento y la cultura de la violencia.
Los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a una guerra de 12 años, establecían el desarme de la sociedad. Se destruyeron muchas armas y hubo iniciativas de la sociedad civil, como la que se llamaba Bienes de consumo por armas de fuego, que permitía el intercambio de armas por bienes de la cesta básica. Sin embargo, el fin de la guerra no acabó con el abastecimiento de armas, sino que significó su ampliación en el país y en toda la región.
Para legalizar muchas armas que existían, el Congreso aprobó decretos transitorios que permitían el registro y legalización de armas sin necesidad de presentar una factura de compra. Es decir, podía haber sido adquirida en el mercado negro o utilizada para cometer un crimen. En consecuencia, muchas armas que estaban en la clandestinidad fueron legalizadas sin conocer su procedencia.
En 1999 se aprobó la Ley de Armas, actualmente en vigor, que supone un pequeño avance legislativo en el control, pero es muy permisiva en la tenencia. No establece límites sobre la cantidad de armas y municiones que puede tener un ciudadano (en Honduras la ley pone un tope de cinco armas), y permite que ciertos funcionarios públicos posean armas de grueso calibre para su protección, incluidas armas de guerra como el M-16 y el AK-47. Para obtener una licencia de armas, que entrega la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa, no se exige una capacitación exhaustiva en la materia, y casi nunca se realizan las pruebas teóricas y prácticas que la ley determina.
"No todos los salvadoreños tienen una preferencia por las armas", subraya María Santa Cruz, aunque, según una encuesta del IUOP, una tercera parte de la población admite que tiene un arma o que la tendría si pudiera. ¿Qué pasaría si un diputado o un grupo parlamentario presentara en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la tenencia de armas? "Sería rechazada", responde sin titubear Santa Cruz. "La mayoría de políticos considera que no debe haber un desarme todavía. Hay muchos intereses económicos y políticos, por ejemplo, de los traficantes de armas y del negocio de la seguridad, en el que hay muchos ex militares".
La privatización de la seguridad ha generado una proliferación de empresas que tienen en su poder gran cantidad de armas. Muchos vigilantes jurados y policías y militares retirados están implicados en actividades delictivas, según muestran los expedientes judiciales.
La disponibilidad masiva de armas y "la cultura de fuego" imperante, junto a la falta de políticas públicas, son causas determinantes para la proliferación de pandillas extremadamente violentas, según la psicóloga María Santa Cruz. "Se habla mucho de los deportados de Estados Unidos y de la desintegración familiar, pero el terreno que hay en El Salvador es muy fértil para la delincuencia juvenil".
