Trabajo quiere penalizar el contrato temporal con una subida de cotizaciones

Hacer más atractiva la contratación indefinida y menos la eventual es la fórmula escogida por el Gobierno para reducir la elevada temporalidad laboral. Con esa premisa, el Ministerio de Trabajo propone penalizar la contratación temporal elevando 1,5 puntos la cantidad que los empresarios abonan a la Seguridad Social por el desempleo de sus trabajadores. En contrapartida, esa misma cotización bajaría medio punto para los contratos fijos. También se pretende simplificar los incentivos a la contratación y aumentar de dos a cuatro años el periodo máximo para percibirlos.

La mesa del mercado de trabajo, constituida para consensuar las reformas que el Gobierno pretende introducir en el mercado laboral, hará público en una semana el compendio de propuestas de las partes implicadas en el proceso (Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos). Sin menoscabo de la negociación, Trabajo tiene perfiladas una serie de ideas para lograr el principal objetivo de la reforma laboral en ciernes: atajar la temporalidad, que afecta a casi un tercio de los trabajadores. Éstos son los puntos principales:

- Más diferencia entre contratos. El Ejecutivo pretende que los empresarios paguen más por desempleo cuando contraten de forma temporal. En la actualidad se abona a la Seguridad Social entre un 8,3% y un 9,3% de la base de cotización del trabajador, según la modalidad de contrato eventual. De esa cantidad, los empresarios pagan entre el 6,7% y el 7,7%, respectivamente. Esos porcentajes empresariales aumentarían 1,5 puntos, según aseguró a este periódico el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez.

Al mismo tiempo, se premiaría al empresario que opte por el indefinido con una rebaja de medio punto en la cotización por desempleo (ahora asciende al 7,55% de la base, el 6% a cargo de la empresa). Se trata de aumentar más la brecha existente entre los dos contratos para que el empresario encuentre más atractivo el indefinido.

Con esta propuesta, el Ejecutivo descarta una rebaja generalizada de las cotizaciones, como pide la patronal CEOE, y en su lugar la vincula a la estabilidad en el empleo.

- Estímulos al empleo. La política de bonificaciones a los contratos es compleja y dispersa, por lo que se pretende introducir importantes cambios en esta materia. El primer objetivo consiste en simplificarla reduciendo los 81 supuestos de incentivos ahora existentes a "uno por cada colectivo al que se quiera favorecer", asegura Valeriano Gómez. En líneas generales, son jóvenes, mujeres, discapacitados y mayores de 45 años.

Cada uno de esos colectivos contará además con una bonificación fija. En la actualidad, la cuantía está vinculada a la base de cotización, de forma que las bases más altas (correspondientes a trabajadores con salarios más elevados) reciben una bonificación mayor y a la inversa. Con los cambios que se plantean, el empresario recibirá la misma bonificación independientemente de las retribuciones de su empleado. Esta medida persigue, según Gómez, "discriminar favorablemente a la pequeña y mediana empresa, donde los salarios son más bajos [que en las grandes]".

Además, se ampliará el periodo máximo en que las empresas pueden percibir esa cotización. De dos años -límite actual salvo para los mayores de 45 años- se pasará a cuatro.

- Freno a la conversión. Aunque se considera que los estímulos a la contratación han funcionado bien con carácter general, en la conversión de un contrato temporal a otro estable han tenido un efecto perverso. El contrato temporal se ha convertido en el instrumento ordinario de acceso a la empresa, que, aunque pretenda mantener al trabajador de forma permanente, lo contrata temporalmente y luego percibe la bonificación cuando lo hace fijo (el empresario queda exonerado de la mitad de lo que tiene que cotizar por contingencias comunes, un 23,6% de la base).

- Despido más barato. Pese a las suspicacias que esta medida levanta entre los sindicatos, Trabajo mantiene su propuesta de extender a todos los nuevos contratos la modalidad de fomento del empleo. Instaurada en la reforma de 1997, esta fórmula prevé una indemnización por despido de 33 días por año trabajado (frente a los 45 ordinarios) para potenciar la inserción laboral de algunos colectivos: jóvenes, mujeres subrepresentadas, mayores de 45 años y minusválidos. Valeriano Gómez considera que este planteamiento "ha rendido buenos frutos" y cree conveniente generalizarla a los nuevos contratos.

- Contrato por obra. Es una de las modalidades temporales que se presta a mayores abusos, al elegir un contrato vinculado por ley a la prestación de una obra o servicio determinado para cubrir puestos estructurales. Trabajo propone que la relación laboral coyuntural sea la excepción y se vehicule principalmente a través de las empresas de trabajo temporal. También que las contratas y subcontratas dispongan de un núcleo fijo de trabajadores, dado que prestan sus servicios con asiduidad. Para facilitar esa contratación estable, Trabajo se plantea introducir más flexibilidad en el despido de esos trabajadores móviles si la empresa se queda sin encargos.