Los incentivos al empleo cambiarán aunque no haya acuerdo social

El Gobierno se ha marcado como meta aplicar esta reforma laboral con el acuerdo de patronal y sindicatos. El propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó su voluntad de no legislar con la oposición de los agentes sociales, invocando el ejemplo de la reforma del desempleo que planteó el último Gobierno de José María Aznar y que desembocó en la huelga general de 2002.

Pese a todo, ante la hipótesis de que el acuerdo no fuera posible, el secretario general de Empleo considera necesario introducir algunos cambios tibios. Esas reformas se producirían en políticas activas como los estímulos a la contratación o en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, principalmente para mejorar su labor de mediadores en el mercado de trabajo. "No se debe contemplar un escenario en el que el Gobierno altere el núcleo sustancial del mercado laboral sin consenso social", aclara Valeriano Gómez.

Pese a la impresión sindical de que será difícil lograr un planteamiento común antes de verano, Gómez insiste en la importancia de no demorar la negociación. "Prolongarla puede provocar incertidumbres y paralizar decisiones de contratación", advierte. El responsable de Empleo sigue apuntando a julio como fecha para el acuerdo.