La consagración del asfalto

Cuando a principios de año el Ministerio de Fomento presentó el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), las organizaciones ecologistas esperaban un cambio de rumbo similar al que se aplicó al Plan Hidrológico Nacional, de manera que también en el apartado del transporte se apostara por un planteamiento capaz de mejorar la movilidad sin causar graves daños en el medio ambiente.

Sin embargo, el PEIT, cuyas actuaciones se extienden hasta 2020 y concentran unas inversiones cercanas a los 250.000 millones de euros, ha provocado el rechazo unánime de las principales organizaciones ecologistas. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología, Greenpeace y Adena/WWF, junto a un sinfín de colectivos de menor envergadura, han aprovechado el periodo de información pública al que se sometió el documento, que concluyó a finales de marzo, para exponer una extensa batería de alegaciones.

Sin dejar de valorar el hecho de que, por primera vez, el proceso de elaboración de una iniciativa de esta trascendencia ha sido participativo, las organizaciones ecologistas creen que los objetivos ambientales propuestos en el PEIT, y en particular la reducción de las emisiones de dióxido de carbono para ajustarse a los requerimientos del Protocolo de Kyoto, son inalcanzables si, al mismo tiempo, se apuesta por un modelo de transporte insostenible.

Autovías

El PEIT confirma que nuestra dotación de autovías y autopistas es ya de las más altas del continente. España es el segundo país europeo en kilómetros de autovías y autopistas, sólo superado por Alemania, y el primero, en términos relativos, si el cálculo se efectúa en función del número de kilómetros por vehículo o por habitante. Curiosamente, aseguran las organizaciones ecologistas, "tras este análisis previo, la propuesta del Ministerio de Fomento contempla la construcción de otros 6.000 kilómetros de autovías, por valor de 60.000 millones de euros, en los primeros años de vigencia del plan".

La Plataforma Carril Bici de Córdoba, que ha remitido al ministerio un documentado pliego de alegaciones, considera "contraproducente esta apuesta por perseverar en la extensión de la hipermovilidad motorizada", ya que la creación de nuevas infraestructuras viarias "sólo conduce a un incremento de los desplazamientos individuales motorizados y a fomentar el transporte de mercancías por carretera". Y en estas circunstancias, siendo la carretera la generadora del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del sector transporte, sólo cabe esperar un aumento en el vertido de estos contaminantes.

El PEIT presta una atención prioritaria a la construcción de nuevas infraestructuras, mientras que desde los círculos conservacionistas se reclama un esfuerzo, cuando menos equivalente, en favor de las actuaciones encaminadas a gestionar la demanda. Es decir, resumen desde la plataforma cordobesa, "hay que reducir la generación de necesidades de desplazamiento; hay que estabilizar, y posteriormente disminuir, el volumen del tráfico motorizado actual; hay que aplicar peajes a todas las vías de alta capacidad; hay que establecer una moratoria en la creación de nuevas infraestructuras viarias, y hay que lograr, en definitiva, un trasvase significativo de usuarios hacia el transporte público, cuya columna vertebral debería ser el ferrocarril".

En lo que se refiere a este último medio de transporte, los ecologistas critican que Fomento aplique la política del "todo AVE", ya que los presupuestos que se destinan a este apartado "son cuatro veces menores que los que se asignan a la creación de la denominada red de altas prestaciones". Este tipo de red concentra en el PEIT el 32% de todas las inversiones.

Entre otras alternativas, la Plataforma Carril Bici de Córdoba apuesta por la reapertura de líneas que llegaron a cerrarse cuando no se tenían en consideración las ventajas ambientales del ferrocarril, como es el caso de la Ruta de la Plata, y la construcción de conexiones, como las de Ayamonte con Portugal o Almería con el Arco Mediterráneo, que permitirían potenciar el ferrocarril en zonas donde ahora no existe.

Incrementar el uso del transporte público, precisan las organizaciones ecologistas, no depende únicamente del grado de concienciación ciudadana. Además de influir en la opinión pública, "hay que adoptar medidas que favorezcan el uso de estos sistemas de transporte, creando, por ejemplo, plataformas de uso exclusivo y estableciendo tarifas asequibles e incluso gratuitas, al menos para determinados colectivos desfavorecidos".

Uno de los aspectos que más preocupa a los ecologistas, vistos los errores que en este sentido se cometieron en el pasado, es el de la fragmentación de ecosistemas que podría ocasionar el trazado de nuevas infraestructuras que, en su conjunto (autovías, autopistas y líneas de alta velocidad ferroviaria), suman alrededor de 15.000 kilómetros lineales.

De acuerdo con el análisis realizado por estos colectivos, las obras previstas en el PEIT pueden afectar a un total de 327 espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000. "Además del impacto directo que tendrán sobre el hábitat y las especies por las que estos enclaves merecieron amparo legal", explican, "fragmentarán el hábitat y ocasionarán un efecto barrera para la fauna, que no podrá desplazarse, sin obstáculos, por estos territorios".

Fomento pretende identificar estos "ámbitos territoriales sensibles", particularmente frágiles a los impactos del transporte, en el horizonte del año 2008, para elaborar, a partir de 2012, programas específicos de actuación en estos enclaves. Sin embargo, lamentan desde Ecologistas en Acción, "antes de que se lleven a cabo estas actuaciones paliativas ya se habrán construido casi todas las infraestructuras lineales de alta capacidad, originando una tremenda compartimentación del territorio".

Algo parecido ocurrió cuando se construyó la línea de AVE Madrid-Sevilla. Ya en funcionamiento fueron convocados algunos expertos para que estudiaran el impacto de las nuevas vías en determinadas especies protegidas y propusieran medidas correctoras, actuaciones cuya ejecución se vio dificultada ante el hecho de no poder modificar, a esas alturas, el trazado de las vías.

sandoval@arrakis.es