Unos retrasos a la fuerza

Recién llegado al poder, el Gobierno de Lisboa ha decidido aplazar las juntas de accionistas de varias empresas públicas, que controla al 100% o donde posee la llamada acción de oro. El Ejecutivo dice necesitar más tiempo para analizar los puntos del orden del día. En algunos casos, se trata de reuniones ordinarias para aprobar las cuentas de 2004, pero en otros están en juego cambios de consejeros, que son cargos de confianza política. Los analistas consideran que es también una forma de marcar una posición de fuerza dentro de las compañías.

La privatización de empresas públicas, como Correos de Portugal o TAP, constará en el orden del día de las próximas juntas generales

La propuesta de reducir el capital de Portugal Telecom puede tener como conseuencia un aumento de la participación de Telefónica de España

Fue la suspensión, el pasado primero de abril, de la junta de accionistas de Portugal Telecom (PT), a petición del Estado, lo que ha desencadenado las especulaciones en la prensa. Antes, el Ejecutivo encabezado por el socialista José Sócrates ya había enviado la misma solicitud a otras grandes empresas estatales, como Correos de Portugal (CTT) y la Administración Nacional de Aeropuertos (ANA), pero en estas dos compañías las agendas de las reuniones preveían la elección -o reelección- de nuevos administradores.

El Gobierno fue investido el 12 de marzo y la petición de aplazamiento fue visto como algo natural. "Estamos en un periodo de final de mandato en algunas empresas y las fechas de las juntas coinciden con un periodo de cambios políticos y de toma de decisiones. Es normal, por eso, que el Gobierno desee tener más tiempo para pensar", afirmó la diputada socialista Leonor Coutinho al Diário de Notícias. "Otros gobiernos hicieron lo mismo en el pasado", remató.

El caso de PT

Pero en el caso de Portugal Telecom -donde el Estado posee 500 acciones que le dan derecho especial de veto en cuestiones estratégicas, incluido el nombramiento del presidente ejecutivo- no estaban previstos cambios en la cúpula de la empresa. La agenda de la junta general, que se celebrará el próximo 29 de abril, tiene 11 puntos, entre ellos, la aprobación de las cuentas de 2004, una propuesta de reducción de capital y los efectos de una operación de recompra de acciones. El Ejecutivo justifica su decisión por "la importancia de los puntos que componen el orden de trabajo y la necesidad de profundizar su estudio a la hora de definir las posiciones que tomará".

La desconfianza estaba servida. Encima, la cancelación de la junta se producía pocas semanas después de la decisión de venta de Lusomundo, el grupo de comunicación social de PT, a la portuguesa Controlinveste, donde está integrado Olivedesportos, que posee el diario O Jogo y el 50% del canal Sport TV. La venta de Lusomundo, decidida entre la celebración de elecciones legislativas, el 20 de febrero, y antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, desencadenaba violentas críticas por parte de varios sectores y de los restantes interesados -como el grupo español PRISA, editor de EL PAÍS- en hacerse con un valioso grupo, valorado en más de 300 millones de euros, y que integra los periódicos Diário de Notícias, Jornal de Notícias y 24 Horas, varias revistas y la radio TSF, entre otros medios.

No se conoce cualquier reacción oficial del Gobierno de Sócrates a esta operación o a las voces que denuncian la "falta de transparencia" del proceso. Siendo todavía la principal fuerza en la oposición, la dirección del Partido Socialista apoyaba la venta del grupo -porque no estaba de acuerdo con su permanencia en manos del Estado-, pero ahora subraya la extraña rapidez con que fue cerrado el negocio, aprovechando un vacío de poder. Las persistentes insinuaciones por parte de la prensa han llevado al presidente de Portugal Telecom, Miguel Horta e Costa, a afirmar que, en su opinión, no existe relación entre el aplazamiento de la junta general de la empresa y la venta de Lusomundo. La Alta Autoridad para la Comunicación Social dio el visto bueno a la operación. Falta ahora por conocer el parecer de la Autoridad de la Competencia y del Ministerio de Comunicación Social.

En paralelo a estas sospechas, un dato más objetivo surge tras el aplazamiento de la junta de PT: la propuesta de reducir el capital de la empresa puede tener como consecuencia un aumento de la actual participación de Telefónica de España desde el 9,69% al 10,33%. Según el Jornal de Negocios, esta situación fue determinante en la petición para cancelar la junta de accionistas. Los estatutos de PT no permiten que una empresa de la competencia tenga más del 10% de su capital. Pero es probable que el Gobierno autorice a Telefónica a superar ese techo. Sin embargo, sus derechos de voto se quedarán limitados al 10%. La nueva posición de Telefónica en la estructura accionarial de PT es muy controvertida. Ricardo Salgado, presidente del Banco Espírito Santo (BES), ya envió algunos mensajes al Gobierno de José Sócrates. Salgado alertaba sobre "la extremada vulnerabilidad" de PT, que puede ser fácilmente controlada por extranjeros y, específicamente, por Telefónica, a través de una operación de compra hostil. La operadora española es, desde finales de 2004, su mayor accionista privado, tras la compra de acciones propias por un importe de 475,14 millones de euros a lo largo del año pasado.

Durante la campaña electoral, Sócrates aseguró que mantendrá la acción de oro en Portugal Telecom y en Energías de Portugal (EDP). Prometió también más competencia y la total liberalización en los sectores de la energía y de las telecomunicaciones. Aparte de estas dos ideas, se desconocen otros planes del nuevo Ejecutivo para el sector público. Pero, según fuentes gubernamentales, la privatización de algunas de las empresas constará en el orden del día de las próximas juntas generales de compañías como CTT o TAP (la aerolínea portuguesa).

Proceso privatizador

El proceso de privatizaciones empezó a dibujarse en 1989, con la venta del sector financiero al capital privado. En 1995 ganó nuevo impulso, con el comienzo de la privatización de Portugal Telecom y EDP, entre otras grandes empresas. Pero el proceso está interrumpido desde 2001, debido a la crisis bursátil desencadenada por la ola especulativa de la nueva economía. Los planes del Gobierno anterior eran reiniciar el proceso, con la apertura del capital de Red Eléctrica Nacional, TAP y CTT a inversores privados y mediante la reducción de la participación pública en EDP (un 25,38%) y en la petrolera Galp (un 29,26%).

En el caso de Galp, el Estado ha optado por adelantar la junta de accionistas, que estaba prevista para mayo. La administración de la empresa ya había finalizado su mandato en diciembre y, por otra parte, el Ejecutivo tiene que encontrar una solución para finalizar el acuerdo con la italiana ENI, que controla el 33% de la petrolera. Los italianos tenían previsto abandonar Galp para pasar a controlar el 49% del negocio del gas natural, que sería integrado en EDP. Pero la Comisión Europea no autorizó la operación y, a partir de junio, ENI podrá vender a quien quiera su participación.