Los manifestantes se organizan para vigilar al nuevo Gobierno de Ecuador

"¡Quito despertó y ahora no nos para nadie!". Las voces de los manifestantes quiteños, conocidos como Los forajidos, solicitan acciones para que los objetivos de la insurrección no se diluyan. Algunas de las agrupaciones que surgieron durante estas protestas han comenzado a organizarse para crear un comité de vigilancia al Ejecutivo de Alfredo Palacio. Los forajidos no quieren que el nuevo Gobierno se aparte de las aspiraciones ciudadanas y, entre otras cosas, exigen una reforma para convocar elecciones, una moratoria de los pagos de la deuda externa y la salida de los marines de Ecuador.

Una de esas agrupaciones es la Asamblea Popular, que vio luz en las entrañas del edificio CIESPAL, momentos después de que se destituyera en su interior, durante la sesión extraordinaria paralela del Congreso, a Gutiérrez y se nombrara como sucesor a Palacio. Su objetivo es constituir una Asamblea Popular Nacional, integrada por dos delegados, enviados por cada una de las asambleas populares de cada provincia del país. Ésta se encargaría de redactar un marco legal para que, luego, el nuevo Ejecutivo convoque elecciones.

Los forajidos -así calificó el destituido Lucio Gutiérrez a quienes encabezaron la protesta que forzó su salida- solicitan, además, que los candidatos que participen en los nuevos comicios no hayan desempeñado cargos públicos durante los últimos 25 años. Consideran a Palacio un presidente temporal, quien deberá cumplir con algunos requisitos: declarar una moratoria de 10 años en el pago de la deuda externa, la expulsión de los marines de Estados Unidos de la base de Manta, la desvinculación del Plan Colombia y la eliminación de las subvenciones públicas a los partidos políticos.

Las otras organizaciones son los Comités por la Refundación de la República, donde participa el ex cura Eduardo Delgado. Este movimiento, que trabaja en forma unida a la Asamblea popular, solicita, a su vez, suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y que se dedique solo el 15% del Presupuesto estatal al pago de los bonos de la deuda. Además, exigen la nulidad de todo lo actuado por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Castro Dager, cuyas decisiones condujeron al retorno al país del ex mandatario Abdalá Bucaram.

Las acciones de Los forajidos estos días quedarán escritas en la historia. El Concejo Metropolitano de Quito resolvió levantar un monumento a Los forajidos y bautizar con este nombre a una calle, al igual que el de Julio García, el fotógrafo chileno que falleciera el pasado martes durante los enfrentamientos con la policía. "Es la manera de reconocer la gesta heróica del pueblo de Quito, que se levantó para defender la democracia y la dignidad", afirmó el alcalde de la capital, Paco Moncayo, quien fue uno de los principales promotores de la revuelta. Y señaló que en muchas ciudades se honra a sus héroes, recordando el caso de México, donde existe una avenida llamada Los Insurgentes.

Por su parte, Alfredo Palacio, quien ha designado ya parte de su Gabinete, ha comenzado a trazar la línea de su mandato y hace esfuerzos para ser reconocido por los gobiernos extranjeros, que todavía dudan. Una de sus prioridades es armar un frente político que sortee con éxito la presión popular y que a la vez no entre en contradicción con los partidos que intentaron boicotear las protestas populares. Otro punto fundamental es aclarar la situación con los militares.

Palacio quiere dar prioridad a los proyectos sociales sin alarmar a quienes quieren mantener las buenas relaciones con los organismos internacionales, como el Fondo Mometario Internacional. Sin embargo, el nombramiento de Rafael Correa como ministro de Economía, un crítico de la dolarización, indica que esas relaciones no serán fáciles.

Su discurso de utilizar la política fiscal en favor de los sectores sociales ha puesto a temblar a los propietarios de títulos de deuda. También sorprendió el nombramiento de Mauricio Gándara -hombre de la derecha nacionalista- como ministro de Gobierno. Gándara mantiene una postura crítica frente a la política unilateral de EE UU y ha estado vinculado a grupos ecologistas que luchan en contra de las petroleras extranjeras.