Cinco detenidos por supuesta estafa y malos tratos en una residencia

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas de la misma familia, acusados de estafar y maltratar a personas mayores de la residencia que regentaban en Alhaurín de la Torre (Málaga). La investigación se inició tras la denuncia de un matrimonio que otorgó, supuestamente bajo engaño, un poder notarial para administrar sus bienes a la dueña del centro, que lo usó para quedarse con un piso propiedad de las personas mayores sin su conocimiento.

La dueña de la residencia, Concepción Barrabino Jiménez, tiene otra causa abierta por estafa en un juzgado de Torremolinos, y al menos otros cuatro mayores y una notaria han presentado denuncia. Ayer seguían en el centro 17 de los 27 residentes, pese a que los servicios sociales del Ayuntamiento y de la Junta han avisado a los familiares para que se los lleven, ante su inminente cierre, que ha de ordenar el juez. El establecimiento tiene licencia municipal, pero no autorización de funcionamiento de la Junta.

El grueso de la operación se desarrolló el miércoles, cuando la Guardia Civil registró la residencia Nuestra Señora de Gracia por orden del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga y detuvo a cuatro personas: Concepción Barrabino, de 49 años, sus hermanos Rafael, de 54, y Luis, de 35, que trabajaban como cocineros, y la novia de uno de ellos, Estela R. M., de 27, que atendía a los mayores. Ayer detuvo a David Sánchez Barrabino, de 25 años, hijo de Concepción. Se les acusa de supuestos delitos de malos tratos, detención ilegal, contra la salud pública, estafa, coacciones, robo con fuerza y encubrimiento. Está previsto que pasen hoy a disposición judicial.

El 16 de diciembre pasado, Francisco Godoy y Josefa Ruiz, ambos de 74 años, denunciaron que semanas antes la dueña del geriátrico les llevó en coche a una especie de caseta inmobiliaria, donde supuestamente les hizo firmar lo que parecía un papel en blanco ante un notario, alegando que era para solicitar ayudas a la Junta de Andalucía. Ambos respondían, según la Guardia Civil, al perfil de víctimas: con solvencia económica y sin familiares cercanos.

Según la Guardia Civil, con esa firma otorgaron un poder notarial, con fecha del 18 de noviembre, a Concepción Barrabino -en cuya residencia no llevaban ni dos semanas- autorizándola a disponer de todos sus bienes, incluida la posibilidad del "autocontrato". Con este poder, el mismo notario (que calificó de "falsedad" la denuncia), otorgó a la mujer, el 3 de diciembre, una escritura de compraventa del piso del matrimonio por 60.480 euros. Sólo compareció Barrabino, como representante de los mayores vendedores, y como compradora. También solicitó un crédito hipotecario de 54.000 euros sobre el mismo piso a una inversora privada.

En su declaración como imputada ante el Juzgado de Instrucción número 8, que seguía dicha causa, Barrabino dijo que el matrimonio quería quedarse en la residencia de por vida, por lo que la compra del piso se hizo "a cuenta de su estancia". Pero Ruiz asegura que sólo ingresaron por el tiempo que tuviera que estar escayolada, pues se había roto una pierna. Una trabajadora ha declarado posteriormente que el día de la firma la directora había sedado al matrimonio. La Guardia Civil acusa a Barrabino de inyectar sedantes sin estar titulada. El 26 de diciembre, Godoy murió de una trombosis.

Hace un mes se abrió otra vía de investigación, tras la denuncia de una trabajadora, que asegura que los detenidos maniataban a los residentes, les castigaban sin desayuno y que la directora ordenaba sedarles.