Asociaciones de Marbella piden a la Junta que retire las competencias urbanísticas

Varias comunidades de vecinos y asociaciones de Marbella han remitido escritos a la consejera andaluza de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, en los que solicitan que la Junta de Andalucía retire las competencias urbanísticas al Ayuntamiento que preside Marisol Yagüe. La petición ha sido respaldada por las asociaciones de vecinos de Las Albarizas, Pinares de las Chapas y Gualdalpín, la Sección de comercio y hostelería de CC OO, las Asociaciones para el Desarrollo Sampedreño y Pro Dunas de Bahía Marbella y Ecologistas en Acción.

En sus escritos, las asociaciones señalan que es "público y notorio que el Ayuntamiento de Marbella actúa al margen de la legalidad, desobedeciendo las resoluciones judiciales de suspensión de licencias de obras", lo que afirman provoca el caos urbanístico en la ciudad.

Los colectivos recuerdan también que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía permite "la subrogación de competencias en protección de la legalidad", y urgen a la Administración autonómica andaluza a que tome medias para restablecer la legalidad urbanística en el municipio.

Obras paralizadas

También acusan al actual equipo de gobierno de mantener las ilegalidades y permitir que se consoliden las obras paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "actuaciones contrarias a la LOUA". En este sentido, apelan al artículo 1881.1 de la citada ley, que establece que en las actuaciones llevadas a cabo sin licencia ni orden de ejecución, la Consejería podrá, transcurrido un mes desde la formulación del requerimiento al alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, adoptar las medidas cautelares de suspensión cuando los actos supongan una actividad de ejecución realizada sin el instrumento de planeamiento preciso para su legitimación o tengan por objeto una parcelación urbanística en suelo no urbanizable.

El martes la consejera de Obras Públicas acusó al Ayuntamiento de Marbella de obstaculizar el cumplimiento de las sentencias judiciales contra obras ilegales. La Junta de Andalucía promueve en la actualidad un endurecimiento de la ley del suelo, que permitirá retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que incumplan la legalidad.

El gobierno andaluz ha impugnado un total de 403 licencias de obras concedidas por el consistorio marbellí (131 del actual equipo de gobierno). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado hasta el momento 19 sentencias favorables a la consejería de Obras Públicas, sentencias que han sido ya recurridas en casación ante el Supremo por el Ayuntamiento de Marbella gobernado por Marisol Yagüe.