Obras Públicas calcula que sólo el 5% de los ayuntamientos incumple la legalidad urbanística

La Consejería de Obras Públicas estima que tan sólo alrededor del 5% de los 770 municipios andaluces incumple la legalidad urbanística y que el resto colabora con la Junta en los diferentes planeamientos. Este dato lo ofreció ayer la consejera Concha Gutiérrez del Castillo en una comparecencia en el pleno del Parlamento a petición del Partido Popular, cuyo portavoz, Antonio Sanz, acusó a la Administración autonómica de ser "culpable por acción u omisión" de la especulación. "Ustedes consienten y amparan los pelotazos urbanístico", subrayó Sanz.

Gutiérrez intentó demostrar en el pleno que no existe caos urbanístico en la comunidad y que la inmensa mayoría de los ayuntamientos acatan la legalidad. Frente a esta opinión, Sanz dijo que existe una situación de absoluto descontrol del que responsabilizó exclusivamente al presidente de la Junta, Manuel Chaves, ya que la Junta tiene todas las competencias en esta materia.

Sanz planteó una intervención plagada de sospechas sobre los anteriores responsables de la Consejería de Obras Públicas "que se dedican a estas cosas pero del otro lado" y sobre las comisiones provinciales de urbanismo, encargadas de aprobar las actuaciones y planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos.

Sanz llegó a afirmar que los integrantes de dichos organismos son "familiares de insignes socialistas", ex altos cargos del PSOE y dirigentes de este partido, por lo que su conclusión fue las comisiones provinciales de urbanismos "son un coladero y lo que cuela es lo que lleva un buen padrino". A su juicio, los criterios que se emplean para aprobar o rechazar las actuaciones no son objetivos sino que responden a cuestiones de "clientelismo político".

Esta intervención no logró sacar de su carril a la consejera de Obras Públicas, uno de los integrantes del Gobierno con mayor meticulosidad y perfil técnico. Gutiérrez del Castillo aseguró que el 90% de los ayuntamientos andaluces cumplen con la legalidad y que tan sólo alrededor de 5% la vulneran. De esta cifra, el 50% son municipios gobernados por el Partido Popular, según dijo, y el resto los dirigen alcaldes del resto de las formaciones presentes en el Parlamento (PSOE, IU y PA) e independientes.

La titular de Obras Públicas rebatió las sospechas que sembró Sanz sobre las comisiones provinciales de Urbanismo, integradas por funcionarios de la Junta, representantes de diferentes consejerías y de las administraciones local, autonómica y estatal. Gutiérrez del Castillo afirmó que estos órganos actúan conforme a los principios de legalidad, participación y transparencia y que sus decisiones pueden ser recurridas. "El 99% de los casos en los que ha habido litigios los tribunales les han dado la razón", aseguró.

La consejera también intentó combatir con datos las acusaciones de pasividad de la Junta de Andalucía ante las ilegalidades urbanística. Según sus datos, Obras Públicas ha abierto más de 4.500 expedientes en los últimos cuatro años por incumplimiento de la disciplina urbanística, de los que más de un centenar se han denunciado ante la fiscalía. De éstos, el 40% afectan a actuaciones municipales en Marbella (Málaga). Gutiérrez del Castillo indicó que el Gobierno andaluz mantiene "tolerancia cero" ante los delitos contra la ordenación y confió en que la próxima creación de un cuerpo de inspectores agilicen la tramitación de los expedientes por infracción.

La consejera afirmó que la modificación de la ley de Ordenación Urbanística, anunciada por el presidente Chaves en un pleno anterior, para asumir las competencias urbanísticas en caso de "grave incumplimiento" de los ayuntamientos es un supuesto que se da en la actualidad en el caso de Marbella. La Junta pretende que una vez que se apruebe este cambio legal sea el Parlamento el que autorice la intervención autonómica que podrá asumir las competencias urbanísticas "por un periodo no superior a los cinco años".