Las denuncias de malos tratos crecieron un 33% en 2004, según la memoria del TSJA

Por tercer año consecutivo, la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dedica todo un capítulo al fenómeno de la violencia machista. Su presidente, Augusto Méndez de Lugo, aseguró ayer que en 2004 se registraron 18.783 denuncias por maltrato familiar, un 33% más que en el ejercicio anterior. En pleno debate sobre la reforma del Estado de las Autonomías, el documento pide una "territorialización del Poder Judicial" que convierta al máximo órgano judicial andaluz en la última instancia de la comunidad, una propuesta recogida en el programa electoral del PSOE.

Augusto Méndez de Lugo consideró la violencia contra las mujeres "un problema de proporciones importantes". El crecimiento de las denuncias, según el presidente del TSJA, se debe a que las mujeres "han perdido el recelo y se sienten más protegidas para denunciar" así como a la sensación de pérdida de control sobre sus esposas y compañeras que sienten algunos hombres. "El varón cree haber perdido el dominio que tenía sobre la mujer, que antes era la que se quedaba en casa a hacer las faenas y cuidar de los hijos y ahora irrumpe en el mundo del trabajo. El hombre se ve crecido y emplea la fuerza para que se vea que sigue siendo el dominador", razonó el magistrado.

Entre las 18.783 denuncias registradas, hubo 1.921 casos fallidos en los que las denunciantes renunciaron a seguir adelante con el proceso. En total, los juzgados y tribunales andaluces resolvieron 25.320 asuntos de violencia contra la mujer durante 2004. La mayor incidencia de este tipo de delitos provocó que a finales de año quedaran pendientes 5.494 procesos por maltrato familiar, casi 1.500 más de los que se dejaron sin respuesta en 2003. El cúmulo de los presuntos agresores enjuiciados ascendió a 5.192, de los cuales, el 90% eran españoles.

El correlato natural a la denuncia desde la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es la orden de protección. Durante el pasado año se estudiaron 6.053 peticiones de esta medida, que fue adoptada en el 82% de los casos. La memoria recuerda que estas órdenes representan "un instrumento jurídico muy potente que puede dar lugar a abusos que pueden desembocar en una perversión del sistema". "Lo expeditivo de estas medidas puede provocar que en algunos casos se utilicen en búsqueda de una especie de divorcio penal para obtener una actuación judicial en la crisis de pareja mucho más rápido y expeditivo que la de la jurisdicción civil", reza el documento, que pide una buena "ponderación judicial" de estos casos.

El máximo tribunal andaluz valora la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada en diciembre de 2004 que obliga a crear juzgados y fiscalías especializados en cada capital de provincia. Esos nuevos órganos harán que las víctimas se sientan "más cómodas y confiadas a la hora de denunciar", según Méndez de Lugo, pero no serán suficientes para solucionar el problema que, según el presidente del TSJA, requiere de múltiples factores, como medios materiales y personales, la concienciación de medios de comunicación y de la sociedad en general, y la participación de los educadores y todos aquellos que tienen la función de aplicar la ley. "Sin negar que la función represora del Estado tiene un importante papel en el control inmediato, son más importantes las actuaciones educativas y preventivas", aseguró.

Reforma estatutaria

En pleno debate sobre el modelo de Estado, la memoria recoge también la petición de aumentar las competencias del tribunal para convertirlo en última instancia judicial de la comunidad autónoma, lo que, según los magistrados, restaría carga de trabajo al Tribunal Supremo, que quedaría como órgano unificador de doctrina en sentido estricto. El TSJA pide "un proceso de territorialización judicial" que adapte la Justicia al Estado de las Autonomías y en el que "los TSJ están llamados a jugar un papel muy relevante, mucho más del que han desempeñado hasta ahora", dice el documento.

La memoria propone el traspaso de muchos de los recursos de casación penales a los tribunales regionales ya que "la función de fijar la mejor interpretación de las normas que tiene reservado el Tribunal Supremo no puede dilatarse ni dar lugar a sentencias contradictorias. Además, esa medida acercaría la Justicia al ciudadano, la adaptaría al espíritu de la Constitución y haría que los TSJ "dejen de ser órganos infrautilizados, sobre todo las salas de lo Civil y Penal", según la memoria.

Otro de los temas a los que el documento da una importancia especial es el plan de choque para afrontar el colapso en las tres salas de lo Contencioso Administrativo del TSJA. El refuerzo puesto en marcha durante los últimos seis meses del año pasado permitió reducir los casos pendientes en un 12%. "De los 49.383 asuntos del año 2003 se ha rebajado en 5.885 la bolsa de pendencia", dice la memoria. En 2004 entraron en el tribunal 13.483 casos, un 22% menos que en 2003, y se resolvieron 19.369. El tiempo empleado en ello se redujo a dos años y medio en Granada, tres y medio en Málaga, y año y medio en Sevilla. Antes del plan, los plazos medios eran de siete, cinco y tres, en cada una de esas salas.