Un libro analiza las represalias económicas del primer franquismo
El especialista en la masonería Francisco Sanllorente, en su nuevo libro La persecución económica de los derrotados (Miquel Font, Editor), analiza cómo el dictador Franco castigó entre 1939 y 1942, tras la Guerra Civil, las finanzas privadas de los derrotados, los partidarios de la República. Un total de 5.700 víctimas de Baleares quedan identificadas en el Tribunal de Responsabilidades Políticas con los cargos, penas y circunstancias, en uno de los primeros exámenes territoriales de los más de 100.000 expedientes y procesos "económicos" iniciados y resueltos en España.
La ley franquista de febrero de 1939 creó dicho tribunal "para liquidar las culpas" de quienes "contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja [...] y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional". Franco quiso que los republicanos sufragaran los gastos de su alzamiento. En bastantes casos, las víctimas que "juzgó" el tribunal ya habían sido asesinadas o fusiladas tras el 18 de julio de 1936, pero todas fueron desposeídas de sus plazas y negocios y las familias de los implicados sufrieron multas que oscilaron entre 1,5 millones de pesetas (230 millones en pesetas constantes de 2002, según el autor) y 50 pesetas.
