Mayoría de dos tercios

Al cumplir su primer año al frente del Gobierno de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero ha avanzado su agenda para su segundo año, destacando en ella tres objetivos prioritarios, el segundo de los cuales afecta a las comunidades autónomas en general y a las del 151 de la Constitución en particular, ya que se concreta en las reformas de los estatutos de autonomía. Para el presidente del Gobierno, con buen criterio, las reformas de los estatutos del 151 son una cuestión de Estado. Son las comunidades autónomas, cada una de ellas de manera individualizada, las que tienen que decidir si quieren reformar o no sus estatutos de autonomía. En esta fase inicial de la reforma el Estado no tiene nada que decir. Pero una vez que la comunidad autónoma ha activado el procedimiento de reforma, sí es precisa la intervención del Estado, ya que la Constitución española exige en las comunidades del 151, tanto para la aprobación originaria del Estatuto como para su reforma, el acuerdo entre la comunidad autónoma y el Estado, es decir, el acuerdo entre el Parlamento de la comunidad autónoma y el Congreso de los Diputados. En esto los estatutos del 151 se diferencian de los del 143 de la Constitución. El estatuto de la comunidad autónoma del 151 es el resultado de un pacto entre la comunidad autónoma y el Estado. Esta es su naturaleza. De ahí que no pueda admitirse que una de tales comunidades autónomas decida por sí sola qué contenido debe tener su estatuto. Ni en el momento de la aprobación originaria ni en el de la reforma del mismo. La reforma del estatuto de autonomía tiene límites sustantivos y procesales. No puede incluir preceptos que estén en contra de lo previsto en la Constitución, por ejemplo en lo que a la distribución de competencias o a la financiación se refiere, ni puede decidirse la reforma unilateralmente sin negociación con el Estado. Estamos, por tanto, ante una cuestión de Estado y es lógico, en consecuencia, que el presidente del Gobierno así lo haya subrayado al fijar los objetivos de su política para este próximo año.

Sólo en Andalucía existe la posibilidad de que el Estatuto pueda salir adelante sin que el PP participe en la reforma

Pero José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando que el primer aniversario de su llegada al Gobierno, ha coincido con las vísperas de la jornada electoral en el País Vasco, ha enviado un mensaje a las comunidades autónomas del artículo 151, indicando qué mayoría es la que tiene que constituirse en el Parlamento de la comunidad autónoma, para que el Estado acepte la reforma que salga de la Cámara autonómica. El presidente del Gobierno se ha comprometido a aceptar una reforma que venga respaldada por las dos terceras partes de los parlamentarios autonómicos vascos, convirtiendo de esta manera la exigencia que figura en el estatuto de autonomía de Cataluña en la norma también para la reforma del Estatuto vasco, en el que únicamente se exige mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

La advertencia del presidente del Gobierno está dirigida exclusivamente al País Vasco, pero va a afectar inevitablemente a las otras dos comunidades autónomas del artículo 151, Galicia y Andalucía. José Luis Rodríguez Zapatero ha venid a fijar la posición política del Gobierno en lo que a la reforma de los estatutos del 151 se refiere. Lo determinante no es la mayoría que cada uno de los estatutos prevea para su reforma, sino que el acuerdo parlamentario pase el listón de los dos tercios. Obviamente si esto se le exige al Parlamento vasco, no es posible que no se le vaya a exigir a los Parlamentos gallego y andaluz.

Políticamente, pues, la mayoría que se va a necesitar para la reforma del estatuto de autonomía para Andalucía va a ser una mayoría de dos tercios y no un mayoría de tres quintos. Y esto tiene importancia, porque la mayoría de tres quintos con la actual composición de la Cámara autonómica se puede alcanzar sin el PP, pero no la mayoría de dos tercios. Con el criterio establecido por el presidente del Gobierno para dar por buena la reforma aprobada en el Parlamento vasco, el concurso del PP se convierte en impresindible para la reforma del estatuto andaluz.

Tengo la impresión de que el presidente del Gobierno ha pretendido, como vulgarmente se dice, matar dos pájaros de un tiro. No es imaginable que José Luis Rodríguez Zapatero, al formular esta exigencia para el País Vasco, no tuviera presente la reforma estatutaria en Andalucía. En Galicia todavía no está en marcha y, además, dada la composición del Parlamento gallego, no hay riesgo de que ningún partido relevante se quede fuera de la operación de reforma. Unicamente en Andalucía existe la posibilidad de que la reforma estatutaria pueda salir adelante sin que el PP participe en ella. Y a evitar que esta posibilidad acabe materializándose es a lo que va también dirigida la exigencia de los dos tercios.

Me parece que la advertencia del presidente del Gobierno llega en buen momento, ya que, de acuerdo con los calendarios que han transcendido, en los próximos meses se van a concretar en el Parlamento los primeros proyectos de reforma estatutaria. Es importante que el PP participe en ellos y que participe sabiendo que su concurso va a ser necesario. Esto le da fuerza, pero también le obliga a negociar de buena fe con los demás partidos, ya que el Partido Popular no puede interpretar que la elevación del listón por el presidente del Gobierno le da una capacidad de bloqueo de la reforma en cualquier circunstancia.

Pues una cosa es que una reforma estatutaria no deba hacerse razonablemente sin contar con el PP y otra distinta es que el PP, contra toda razón, se oponga a cualquier reforma estatutaria. Este es el mensaje que ha transmitido el presidente del Gobierno y harían bien en atenderlo todos los partidos parlamentarios andaluces.