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El Gobierno minimiza la segunda huelga en servicios públicos en plena campaña

Las centrales cifran el apoyo al paro en Justicia en un 85% y el Ejecutivo lo rebaja al 46%

El Gobierno afrontó ayer su segunda huelga en servicios públicos en plena campaña para los comicios del domingo, con el paro convocado en la Administración de Justicia. El viernes pasado fue la Sanidad la que sufrió un paro general como cierre a una campaña escalonada anterior de movilizaciones comarcales.

Estos dos conflictos sectoriales se añaden al que en el terreno educativo mantienen abierto desde el año pasado los profesores encerrados en protesta por la pérdida de sus puestos por no alcanzar el nivel de euskera exigido. Los partidos del Gobierno ven cuestionadas así en plena campaña electoral tres áreas emblemáticas cuyos resultados suelen exhibir como prueba de una gestión avanzada.

Los sindicatos convocantes de la huelga en la Administración de Justicia (todos los del sector) y el Gobierno dieron ayer, como en el caso de la huelga en Osakidetza, cifras muy dispares sobre el seguimiento del paro de los funcionarios, que piden su equiparación salarial con el resto de los empleados públicos.

El Ejecutivo ofreció datos que situaban la participación en un 46% de media en las tres provincias, entre el 50% de Álava y Vizcaya y el 36% de Guipúzcoa. Los sindicatos convocantes (CCOO, CSIF, ELA. LAB, CGT y UGT) la situaron entre el 75% de Guipúzcoa y el 90% de Álava. La representante de Comisiones Obreras, Elena Pérez, afirmó que los palacios de Justicia estuvieron prácticamente parados y celebró la respuesta al paro como un "unánime y rotundo éxito".

Desde el Palacio de Justicia de Vitoria, donde los responsables sindicales mantuvieron desde el lunes un encierro de 24 horas, partió ayer una manifestación de unos 300 funcionarios que terminó ante la sede del Ejecutivo con gritos contra el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, a quien entregaron un comunicado.

Las discrepancias entre sindicatos y Gobierno no quedaron en las cifras y la viceconsejera Esther Larrañaga descalificó también las propias reivindicaciones del colectivo. Larrañaga afirmó que son "un ejercicio de oportunismo político" y no "una reclamación laboral asumible, fundada y razonable". Además, reprochó a los sindicatos que representan a estos funcionarios que exijan al Gobierno la equiparación salarial y a la vez suscriban con el Ministerio de Justicia un acuerdo para "mantener y fortalecer el carácter nacional de los cuerpos de Justicia". Larrañaga aseguró que el colectivo es el mejor pagado de España.

Distintos portavoces sindicales advirtieron de nuevas medidas de presión si el Gobierno no toma "en serio" sus peticiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de abril de 2005