"La financiación educativa es un debate pendiente, con o sin ley"

Marta Cid (Amposta, 1960) tiene sobre la mesa el borrador de la futura Ley Orgánica de Educación (LOE), una carpeta con las aportaciones de la comunidad educativa catalana sobre el Pacto Nacional por la Educación y muchos papeles más. Afirma que los debates sobre el futuro educativo son "imprescindibles", pero que el departamento debe seguir funcionando a toda máquina porque el calendario escolar "no perdona".

Pregunta. El Ministerio de Educación presentó hace dos semanas a las autonomías el anteproyecto de la LOE. ¿Cuál es su opinión sobre el texto?

Respuesta. Nosotros entendemos que es un borrador al que hay que hacer aportaciones, pero es evidente que es mejorable. No obstante, quiero resaltar la diferencia de procedimiento entre la LOCE y la LOE. La primera se tramitó con carácter de urgencia y los consejeros de Educación autonómicos no tuvieron ningún papel relevante. Antes, cuando llamabas al Ministerio de Educación ni siquiera te respondían, y ahora no sólo te responden sino que también te escuchan.

"En materia de religión, creemos que la mejor solución es una asignatura de cultura que integre todas las creencias y confesiones"

"Antes se concertaba a todos los centros que lo pedían, y eso no puede ser. La concesión de dinero público dependerá de las necesidades escolares"

P. ¿Qué aportaciones tiene previstas el Gobierno catalán?

R. Creemos que ha de ser una legislación de mínimos, que nos ha de permitir desarrollar una ley propia en Cataluña. Necesitamos una ley que no encorsete ni ponga trabas, que respete nuestras competencias, pero que a su vez estabilice el sistema y que, desde luego, venga acompañada de financiación. Si no, no será útil.

P. ¿Teme que, como en su momento consideró CiU con la LOCE, la LOE les pise competencias?

R. Hemos pedido un estudio sobre esta cuestión al Instituto de Estudios Autonómicos, y su dictamen será muy importante en este sentido. Por ahora el texto del anteproyecto de la LOE no fija qué artículos son básicos y cuáles no. Y ése es el debate de fondo, porque todo lo que no se considera de carácter básico es susceptible de ser desplegado por nosotros. No obstante, hay aspectos que queremos discutir, como la promoción de curso. Situar en un número -la repetición de curso- puede no adecuarse a nuestra realidad, porque en Cataluña acogemos a muchos alumnos inmigrantes que hacen un gran esfuerzo en el estudio pero que tiene dificultades de comunicación importantes. Con la ley en la mano, se corre el peligro de situarlos directamente al lado de los repetidores, cuando quien sabe realmente la situación de cada alumno es el equipo docente.

P. Usted pidió hace meses al Gobierno central que financiara los programas de integración de inmigrantes. ¿Qué otros aspectos cree que debería financiar la aplicación de la LOE?

R. La financiación educativa es un debate pendiente, con o sin ley. Va más allá de la LOE. Las buenas políticas educativas sólo se pueden hacer poniendo recursos. Creo que está claro que en este momento el Gobierno de Cataluña hace un esfuerzo considerable de inversión al asumir el proceso de aulas de acogida a los alumnos inmigrantes, con el plan de inversión de centros, con el acuerdo financiero de guarderías con los ayuntamientos, o al asumir el mandato de la LOCE respecto a la gratuidad de la segunda etapa del ciclo infantil. Estamos haciendo todo esto sin ver ni un céntimo del Estado, teniendo en cuenta, además, que algunas de estas medidas vienen impuestas por una ley estatal. No puede ser el "yo legislo, tú pagas". Esto ahora ha cambiado, y hay un cierto compromiso, pero insisto en que la LOE actual debe ir acompañada de memoria económica.

P. Hace unos días el PSOE admitió, por vez primera, la existencia de una deuda pendiente con Cataluña en materia de educación. No dio cifras, pero la Cámara de Comercio de Barcelona la estimó en 2.400 millones de euros. ¿Cree que esta cifra es válida, y es la que pedirán como desagravio acumulado?

R. Esta cifra no es nuestra, pero su enormidad ya demuestra el tamaño de la deuda existente. Y me parece muy positivo que haya voces ajenas al Gobierno catalán que hablen de ello y que el PSOE lo reconozca. Hay que tener en cuenta que las carencias en educación las encontramos después en otros terrenos. Es la inversión más importante, porque tiene un peso clave en el posterior desarrollo económico y social. No nos podemos permitir el lujo de esperar más tiempo para dar respuesta a esta situación.

P. Volviendo a la LOE, hay voces que critican que este anteproyecto de ley peca de demasiado prudente, por ejemplo en el tema de la religión.

R. Nosotros creemos que este tema ha mejorado con respecto a la LOCE, pero la propuesta del anteproyecto de la LOE no es suficiente. Creemos que si la religión permanece en la escuela tendremos que segregar a los alumnos por cuestiones de creencias. En materia de religión, la mejor solución es una asignatura de cultura que integre todas las creencias y confesiones. Esta solución no es la que aparece en el borrador de la LOE, pero nosotros la continuaremos defendiendo con el objetivo, entre otras cuestiones, de que dentro de 10 años no nos encontremos con una sociedad poco cohesionada.

P. ¿Cree que el articulado de la LOE permitirá desarrollar después la ley catalana de educación?

R. Éste es nuestro objetivo. Para nosotros no sería útil si no dejara el margen suficiente para que nosotros hagamos una ley propia. Es una asignatura pendiente.

P. ¿Qué aspectos concretos cree que tendría que legislar la ley catalana?

R. El Pacto Nacional por la Educación ya da una idea de los ejes que consideramos clave: la gestión de recursos humanos o la autonomía de centros. Otro tema clave es cómo se estructura el servicio público educativo sustentado por fondos públicos. Hay que repensar con profundidad el sistema.

P. CiU ha expresado en varias ocasiones su temor a que el tripartito, y ahora la LOE, marginen las escuelas que reciben conciertos.

R. No sé como se puede afirmar algo así con una realidad como la que tenemos en Cataluña. Creo que hay mucha demagogia en esta cuestión, como decir que este Gobierno va contra la concertada. Parece que por más que me explico, se continúa con el mismo discurso, cuando nosotros hemos demostrado sobradamente que ésa no es nuestra línea de trabajo. Lo que sí creemos es que antes se concertaba a todos los centros que lo pedían, y eso no puede ser. La concesión de dinero público dependerá de las necesidades escolares. Nosotros creemos que debe haber unas reglas y unos criterios claros, porque el concierto es un derecho de las familias, no de los titulares de los centros. Incluso cumpliendo los requisitos, no habrá garantía de que un centro se haya de concertar.

P. ¿Cree que el encaje de la concertada es la cuestión más complicada que debe asumir su departamento?

R. Evidentemente. Y por ello también afrontamos cuestiones complejas, como por ejemplo si el módulo del concierto garantiza la gratuidad. Queremos llevar a cabo medidas de transparencia para que haya igualdad de oportunidades a la hora de escoger centros. Y mi pregunta a los que critican esto es por qué les preocupan tanto las medidas de transparencia en la concesión de conciertos.