El CSIC en el espacio español de investigación
El precario sistema español de I+D experimentó un notable impulso en los años ochenta. Se promulgaron leyes, se estructuraron en funciones los presupuestos generales del Estado, se crearon instituciones de evaluación y ejecución de la I+D, se diseñaron incentivos para aumentar la producción científica (quinquenios y sexenios), se duplicó el gasto, se incrementó el personal... La política científica situó a España en el mapa de países con una producción científica considerable [el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, ofrecía datos al respecto en un artículo publicado en EL PAÍS, 6/12/2004].
Sin embargo, aquella política científica que situó a España en la arena internacional hoy ya no es válida. Entonces se trataba de poner en marcha un sistema, hoy el sistema ya está en marcha. Se pretendía que nuestros investigadores publicasen en revistas internacionales, hoy ya lo hacen. Se buscaba que en las universidades se hiciese investigación, hoy son, en su conjunto, las mayores productoras de conocimiento del país. Entonces valía todo, pero hoy vale sólo lo mejor. En el llamado mundo globalizado no podemos competir por bajos costes, nos vemos obligados a competir por calidad.
La búsqueda de la excelencia exige establecer prioridades de forma más racional
El Estado actual no es además el de hace 20 años. Existe, por un lado, la Administración General del Estado, y por otro, las Comunidades Autónomas, que además de asumir buena parte de las responsabilidades de gobierno, han asimilado instituciones antes dependientes del Gobierno central, como, por ejemplo, las universidades [el secretario general de Política Científica y Tecnológica, Salvador Barberá, lo subrayaba en un artículo en EL PAÍS, 3/1/2005].
La UE, por su parte, ha asumido competencias exclusivas en política monetaria y en la reglamentación de su mercado interior, y además tiene funciones muy relevantes en política agraria, energética, industrial y de I+D+I. Incluso las políticas de relaciones exteriores, seguridad y defensa, que se tenían por el núcleo duro de las atribuciones de un Estado independiente, están hoy día muy condicionadas por instancias europeas o intergubernamentales.
Así las cosas, un Estado en un entorno diferente necesita una política científica diferente, mucho más selectiva y orientada casi exclusivamente por criterios de calidad. La búsqueda de la excelencia exige establecer las prioridades de forma más racional, reforzar los mecanismos de evaluación, desarrollar una cultura de colaboración y coordinación entre instituciones, incluso cuando dependen de Administraciones diferentes. Ha llegado, en definitiva, el momento de ser selectivos, de apostar por la excelencia, la originalidad, la creatividad.
En aquellos años ochenta, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) actuó, con frecuencia, como laboratorio de experimentación del sistema. Lo que se ponía en marcha en el CSIC con carácter interno, se exportaba luego al resto del sistema cuando demostraba su racionalidad. Así sucedió con los nuevos planteamientos científicos transversales (tecnología de alimentos, biotecnología o ciencia de los materiales), los nuevos instrumentos de I+D (las OTRIS o los programas PETRI), así como con la política de difusión de la ciencia (becas) o de apertura de instalaciones propias a todos los actores (Base Antártica).
En el contexto actual, el CSIC, con sus 126 institutos distribuidos por las distintas comunidades autónomas, podría erigirse de nuevo en elemento clave en la vertebración del sistema español de I+D+I, podría ser el instrumento para que las universidades contratasen personal científico no docente, podría gestionar grandes instalaciones científicas interuniversitarias (como ocurría con la RedIRIS), podría organizar y liderar institucionalmente temas de interés nacional, coordinando a grupos de diversa procedencia (como gestionó las crisis del Prestige o Aznalcóllar), o podría colaborar en la obtención de masas críticas de investigadores, tan necesarias en un país de minifundio científico.
Todo eso podría ocurrir porque el CSIC es un organismo altamente competitivo y rentable, que produce unos resultados científicos y tecnológicos muy superiores a lo que cabría esperar de sus reducidos porcentajes de gasto y personal respecto al total de la ciencia en España. Basten unas cifras para demostrarlo.
El CSIC emplea en la actualidad a 10.400 personas. Estos efectivos representan el 5,6% del conjunto del personal de I+D, o bien el 2,6% de los científicos contados en equivalentes a jornada completa (EJC) del total nacional. Su presupuesto en 2005 asciende a 720 millones de euros, el 58% procedente de la subvención del Estado a través del Ministerio de Educación y Ciencia, y el 42% restante, de ingresos no estatales, obtenidos de manera competitiva en los mercados europeo, nacional y regional de I+D. Este presupuesto equivale grosso modo al 19% del gasto público español en I+D y al 9% de todo el gasto nacional.
Con estos porcentajes, el CSIC es el primer organismo español en publicaciones científicas. Representa el 20% de las publicaciones recogidas en las bases de datos del Institute for Scientific Information (ISI) de Philadelphia, y cerca del 58% de las publicaciones en revistas de excelencia, como Nature o Science. Sus investigadores responden del 0,6% de la producción científica mundial.
También es la primera entidad española en el ranking de titulares de patentes del Patent Cooperation Treaty. Su aparición, en el puesto 166 del mundo, es una rareza entre los países de la OCDE, ya que en todos los demás Estados son las grandes empresas quienes lideran la titularidad de las patentes, por delante de los organismos públicos de investigación. Sólo en 2004, la explotación de la cartera de patentes representó unos ingresos para el CSIC superiores a los dos millones de euros.
Estos resultados se complementan, por último, con una intensa colaboración con el sector productivo. El CSIC mantiene en la actualidad 700 contratos con empresas (76 de ellas, internacionales), que generan 22 millones de euros al año. Sus investigadores mantienen vivas mas de 20 spin-off que generan puestos de trabajo de alto valor añadido. Desde el ingreso de España en la UE, el CSIC ha conseguido 2.270 contratos de investigación de los distintos Programas Marco (1.834 contratos de investigación y 436 acciones conexas), con unos retornos superiores a los 100 millones de euros.
La creación científica y la transferencia de conocimiento al sector productivo, en un entorno altamente competitivo como el actual, son procesos complejos que exigen recursos humanos y equipamiento científico-técnico, entre otras necesidades tangibles, amén de elevadas dosis de riesgo e incertidumbre, tanto más cuanto mayor es el reto que se acomete. Nuestro futuro depende precisamente de que apostemos por la investigación de riesgo.
Para conseguirlo, el CSIC debe estar dotado de estructuras de gestión ágiles y flexibles, que le permitan atraer a los mejores profesionales, afrontar las nuevas demandas y retos que plantea la investigación, además de competir en igualdad de condiciones con otras instituciones nacionales e internacionales. Sólo así el CSIC podrá contribuir con determinación a la economía del conocimiento, base de nuestra futura competitividad.
Con este objetivo, el actual equipo de Presidencia del CSIC trabaja en tres frentes específicos: cambiar su marco jurídico administrativo, elaborar un plan estratégico para el periodo 2005-2009, e impulsar un completo programa de promoción de la cultura científica, que acerque a toda la sociedad los avances de la ciencia. Espero que con estas actuaciones nuestra participación en la nueva política científica del Estado permita al CSIC estar a la altura de las expectativas, como creo que estuvo en los años ochenta del siglo pasado.
Carlos Martínez Alonso es presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
