Cataluña abierta al mar

En uno de sus primeros y más bellos libros, Italo Calvino narra la transformación urbanística de su Riviera natal, en la Italia de la posguerra. Así, cuenta cómo, en aquellos años, el placer de reencontrarse con el paisaje conocido -"el muro, la higuera, la noria, el perro, la escollera"- fue viéndose progresivamente sustituido por su desazón al constatar que "la fiebre del cemento se había apoderado de la Riviera". La narración se titula, significativamente, La speculazione edilizia.

El ciudadano que a lo largo de las últimas tres décadas haya frecuentado la costa catalana puede haber experimentado sentimientos similares a los del gran novelista italiano. En efecto, nuestros paisajes litorales contienen valores extraordinarios de orden patrimonial, ambiental y económico. Valores que han contribuido en buena medida a configurar nuestra identidad cultural colectiva, de los que depende la sostenibilidad de nuestro entorno y en los que se basa una parte sustancial de nuestra actividad económica. Sin embargo, en las últimas décadas, el proceso urbanizador ha transformado de manera tan notable nuestras costas que algunos de estos valores pueden verse en peligro.

El Plan del Sistema Costero es el ejercicio urbanístico más ambicioso emprendido en Cataluña desde 1976

En efecto, hoy casi la mitad del litoral catalán se encuentra ya urbanizado. Y el proceso constructivo, lejos de remitir, tiende aún a incrementarse. En la Costa Brava -según estudios de la Unidad de Geografía de la Universidad de Girona- la urbanización ha avanzado entre 1974 y 1993 a razón de cerca de una hectárea al día. En el Camp de Tarragona, la transformación de suelo urbanizable en urbano -según la estimación de los profesores Josep Oliveras y Francesc González- ha sido de tres hectáreas al día en la década que va desde 1991 hasta 2001. Y esto por no hablar de la región metropolitana, donde en sectores muy extensos de la fachada litoral amenaza con consolidarse un proceso urbanizador ininterrumpido.

El fenómeno responde, desde luego, a la tendencia general a la dispersión de la urbanización sobre el territorio. Pero en los espacios costeros, esta tendencia se ha visto reforzada por la estrecha vinculación de la actividad turística con el desarrollo inmobiliario y, en particular, por la extensión de la segunda residencia. Así, si en los últimos 15 años la población del Empordà ha aumentado en 45.000 habitantes, su parque inmobiliario se ha expandido en 47.000 viviendas. Dicho de otro modo: por cada nuevo residente habitual se ha construido una nueva vivienda. Los datos del Camp de Tarragona son prácticamente idénticos.

Hace ya años que los expertos advierten de los riesgos ambientales, funcionales y económicos de esta evolución, en particular por lo que se refiere a la salud de nuestro sector turístico. El turismo, vienen a decir, descansa sobre la existencia de un recurso básico -el paisaje-, y si, en su evolución, llega a hipotecar este recurso, el sector entero podría verse abocado al destino de las actividades mineras cuando haya acabado con los filones subterráneos que las sustentan: la decadencia y el abandono.

Afortunadamente, nos encontramos todavía lejos de estos escenarios agoreros. Pero hay que actuar y hay que hacerlo con decisión y presteza. Sería de necios poner en duda los múltiples beneficios que se derivan del desarrollo del sector inmobiliario, pero hay que ordenar su asentamiento sobre el territorio de forma que no pongamos en riesgo recursos que son esenciales para el desarrollo de nuestra economía, la conservación del patrimonio y el bienestar de la sociedad.

A esta voluntad responde, precisamente, el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero catalán que el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, aprobó hace unas semanas, inicialmente con el respaldo unánime de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

El plan tiene como objetivo básico preservar del proceso edificador

los espacios litorales que, sin disponer de ninguna figura específica de protección, se encuentran aún libres de urbanización.

Para ello se establece que la práctica totalidad del suelo calificado hoy como no urbanizable o urbanizable no delimitado quedará preservado indefinidamente del proceso urbanizador. Se protegen así 24.500 hectáreas a lo largo de la línea costera (es decir, una superficie equivalente a más de 2,5 veces la superficie del término de Barcelona). Además se prevé la creación de un fondo financiero especial, a disposición de los ayuntamientos, para la gestión de estos ámbitos.

La intervención afecta, en primer lugar, a los 500 primeros metros respecto a la línea de costa, pero en la práctica totalidad de los sectores la reserva se adentra decididamente hacia el interior. Se consigue así asegurar la conexión entre los espacios protegidos (como entre l'Albera y el Cap de Creus), abrir al mar los ámbitos del Plan de Espacios de Interés Natural (en les Gavarres o en Tivissa), evitar la conurbación de los pueblos (en el Maresme) y garantizar la no urbanización de las desembocaduras fluviales (en la Tordera, el Gaià o la Riera de la Bisbal).

Al mismo tiempo, se ha resuelto iniciar un estudio específico para los ámbitos que, aún disponiendo de la categoría de suelo urbanizable, no han desarrollado su planeamiento parcial, y para ello se ha procedido a la consiguiente suspensión de licencias en estos ámbitos. Con esta iniciativa se quiere analizar la posibilidad de evitar también su incorporación al proceso edificador, ahorrar el consiguiente impacto paisajístico y dar respuesta a la voluntad de preservación expresada desde muy distintos sectores.

En conjunto, la elaboración del Plan del Sistema Costero es el ejercicio de planeamiento urbanístico supramunicipal más ambicioso emprendido en Cataluña desde la aprobación del Plan General Metropolitano en 1976.

Oriol Nel.lo es secretario de Planificación Territorial de la Generalitat.