Colapso en urgencias
La falta de medios y el olvido de los políticos saturan el servicio donde surgió la crisis del Severo Ochoa
Mercedes González, de 64 años, no pudo escuchar la defensa que Manuel Lamela hizo en la Asamblea de Madrid sobre su actuación en la crisis del hospital de Leganés. El jueves, Mercedes cumplía su tercer día ingresada en las urgencias del Severo Ochoa de Leganés por una neumonía. En el pasillo en el que se recuperaba junto a otros 55 pacientes, también a la espera de una cama en planta, no se puede ver la televisión. Su hija, Julia Monterrubio, pudo contarle que Lamela, consejero de Sanidad de Madrid, del PP, acusó a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, de ocultar la denuncia anónima sobre las sedaciones irregulares en Leganés. Pero prefirió no hacerlo.
Intentó convencer a su madre de que pronto habría una cama libre y podrían salir de allí. "En las cuatro veces anteriores que habíamos estado en urgencias nunca estaban los pasillos tan llenos", explica. Los médicos no le han dicho cuándo podrá subir su madre a planta: "Mi madre pasó la primera noche en un sofá, ahora duerme en un pasillo de urgencias. Puede que si mejora le den el alta antes de que llegue a subir a planta".
"Mi madre pasó la primera noche en un sofá, ahora duerme en un pasillo de urgencias"
El miércoles pasado había 55 pacientes a la espera de habitación. Faltan camas
Ésta es una de las paradojas que se han dado en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés desde que el 11 de marzo Lamela dio curso a una denuncia anónima y relevó al coordinador de urgencias, Luis Montes. Las urgencias son el centro del debate público, de la refriega política y de la investigación judicial. Sin embargo, la falta de jefe y el crónico exceso de pacientes ha saturado el servicio como nunca. Mientras la disputa se centra en si es mejor usar Tranxilium o Dormicum para una sedación, algunos pacientes, como Mercedes, pasan su primera noche de hospital en un sofá. Sólo al día siguiente duermen en una cama en el pasillo.
El martes, la urgencia se quedó sin camas; el miércoles había 55 pacientes en los pasillos a la espera de ingreso; el jueves, la cifra bajó a 33. Las enfermeras reparten la comida por las camas de los pasillos enumerando: "¡Pasillo 1!, ¡Pasillo 2!, la comida".
La saturación del hospital es uno de los factores que explican el celo con que el personal sanitario ha respondido a Lamela, que, al relevar al coordinador de urgencias, hizo una nota pública explicando que lo hacía tras recibir una denuncia anónima que hablaba de 400 homicidios a pacientes terminales. Cada día, unos 200 empleados recorren el hospital al grito de "Lamela, dimisión", los trabajadores llevan lazos naranja en solidaridad con Montes, muestran escritos en sus batas como "Yo soy Luis Montes", hay notas por los pasillos contra el consejero y el quiosco de la puerta agota cada día los periódicos. En una ventana, un cartel: "Nosotros curamos, no matamos".
"El consejero nos dice que los pacientes se quedaban en urgencias y que en 24 horas tenían que estar en planta si estaban graves. Dice que eso es una irregularidad. ¿A qué planta? ¿A qué cama podemos mandar los pacientes? Que nos lo explique, porque no hay camas", afirma un médico que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
Otro médico de urgencias, Miguel Ángel López, explica que la falta de coordinador ha agravado el colapso: "Una de las tareas del jefe era evitar la saturación. Si estaba llena, él gestionaba el envío de pacientes a otros centros, intentaba que las plantas acelerasen las altas o conseguía retrasar operaciones programadas que pudiesen esperar. Ahora no hay jefe y ningún responsable ha venido a hablar con nosotros y la cosa va a peor. Se ve que esto no les preocupa". Para el jefe de la UVI, Frutos del Nogal, el problema del centro no son las sedaciones, sino la falta de camas. Un mal crónico.
El hospital abrió en 1987 y sus 400 camas estaban calculadas para cubrir una población de 250.000 habitantes, recuerda Fernando Gimeno, director médico entre 2000 y 2003, fundador del hospital y amigo y defensor de Montes. Por entones, la población de Leganés y Fuenlabrada, dos de los municipios que más han crecido de España, ya superaban esa cifra. "El hospital era conocido como el 'si lo sé, no vengo', y las urgencias eran desastrosas", recuerda Gimeno en su despacho de jefe de urología.
En 2001, el área sanitaria del hospital tenía 1,2 camas públicas por cada 1.000 habitantes. La media en la Comunidad de Madrid era de 2,6. En 2004, la población censada (en realidad, es mayor) que cubría el centro era de 380.223 personas, un 52% más de lo diseñado.
Ante la falta de camas, las urgencias se convirtieron en la vía de entrada. Cada año, el número de pacientes atendidos allí subía en 5.000 personas. En 1997 recibieron a 117.738 enfermos; en 2000, a 137.788, y en 2003, a 162.646. "La gente se moría en los pasillos. Era inhumano", recuerda López.
Era insostenible. La dirección del centro decidió en 2001 ampliar las urgencias. "Acabábamos de nombrar a Montes como coordinador para que pusiera orden y ampliamos en 400 metros cuadrados las instalaciones", recuerda Gimeno. Los 32 puestos de atención a enfermos se convierten en 52. En ese momento se toma una decisión aparentemente mínima dentro una reforma general del hospital que costó 600 millones de pesetas. La decisión que probablemente desencadenó años después la mayor crisis que ha vivido un centro público.
"La dirección, con acuerdo de la Consejería de Sanidad, decidió construir dos habitaciones en urgencias, similares a las de las plantas, para enfermos que necesitan aislamiento y otra para pacientes terminales", explica Gimeno.
Son habitaciones sencillas. En la puerta sólo pone Box 1 y Box 2 escrito con rotulador negro sobre un papel, pero en el plano de la planta se especifica: "aislados" y "terminales". En la práctica se utilizan indistintamente. En ese momento, el hospital no tenía unidad de cuidados paliativos. En 2002 se creó una con cuatro camas. La Consejería de Sanidad asegura que es irregular sedar a los pacientes en urgencias, pero Gimeno afirma que la misma consejería presentó la reforma como ejemplo para otros hospitales.
Una auxiliar que lleva en urgencias desde que abrió el centro recuerda la reforma: "Nosotros nos opusimos a que instalaran allí ese espacio para los enfermos terminales. Pensamos que no era el lugar adecuado ni es una situación agradable".
Con la reforma, el hospital mejoró algo las urgencias, su punto más saturado. En 2003, un estudio de la consultora IASIST situó al Severo Ochoa entre los mejores 20 hospitales (de los 139 analizados en España ese año), y entre los cuatro mejores de los universitarios. Uno de los principales criterios utilizados en ese estudio es la baja mortalidad. Leganés registra más muertes en urgencias que otros centros, pero menos en planta. "Los pacientes se mueren donde están. Si están en urgencias, se mueren en urgencias, y si hemos creado una urgencia con muchos pacientes, se mueren allí", señala Del Nogal.
En 2004 abrió el hospital de Fuenlabrada. Las urgencias del Severo Ochoa seguían llenas. El nuevo centro alivió la maternidad, pero a la vez el hospital de Leganés comenzó a reducir el número de camas en favor de habitaciones individuales y nuevos servicios. De 400 camas pasó a 330. Además, se limitaron los traslados a otros centros.
Humildad Arroyo es una trabajadora del hospital, cuya madre fue sedada en urgencias en agosto de 2003. Tenía un cáncer con metástasis en fase terminal. "Mi madre tenía unos dolores insoportables, chillaba de dolor. En urgencias me avisaron de que la sedación podía acelerar su muerte, pero se lo agradecí". La mujer falleció 12 horas después.
Al comienzo de la crisis, la mayoría de los pacientes de urgencias ignoraban la denuncia. La cosa ha cambiado. "Muchos enfermos nos tratan bien, pero en cuanto hay un problema, algunos se revuelven. Nos han llamado asesinos, el ambiente está tenso", afirma uno de los 14 médicos que trabajan allí; son 50 incluyendo los residentes.
El caso descrito se parece al de María Montealegre. María está en la puerta de urgencias, muy abatida. Su hermana Delfina, de 71 años, fue operada en diciembre de un cáncer de colon y tuvo que volver la semana pasada con una recaída. Ingresó en la UVI. "No la han tratado bien, he hablado con mucha gente que me dice que no es normal lo que le ha pasado. La teníamos que haber llevado a otro sitio", afirma meneando la cabeza. Está en la calle sentada en un bordillo de la acera. "Cuando vi en la televisión lo que hacen aquí, me dije: 'Lo que le faltaba a mi hermana. Igual le ha tocado a ella". Los hijos de un fallecido en urgencias en 2003 ya denunciaron el jueves el caso ante el juzgado.
Un médico de urgencias afirma que van con pies de plomo antes de tomar cualquier decisión: "Te lo piensas todo mucho y vas con mucho cuidado, los médicos tienen miedo a que les denuncien por cualquier cosa. Somos muy escrupulosos con las historias clínicas".
La denuncia inicial de 400 casos de homicidios fue reducida luego por Lamela a 25 sedaciones irregulares. De ellas, seis que debían aplicarse no llegaron a efectuarse. La investigación que ha puesto en marcha la consejería no ha encontrado mala praxis. La fiscalía no ve por el momento indicios de delito. El viernes, los seis inspectores enviados por Lamela admitieron que no habían hablado con los médicos. La consejería emitió ayer un comunicado en el que asegura que los inspectores sí hablaron con Montes, con el director médico y con el gerente, todos ellos destituidos por Lamela. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con el nuevo gerente, Carlos Marfull.
"Se trata de una discrepancia médica, no penal, ni legal. Según unos médicos, es mejor utilizar Tranxilium, y para otros, Dormicum; unos creen que una dosis de no sé cuántos miligramos es más adecuada, y otros, que es excesiva. Si la consejería encuentra cuatro expertos que defiendan una tesis, habrá otros cuatro que apoyen la contraria. Esto no es una ciencia exacta", explica un médico de urgencias que ha aplicado sedaciones.
La unanimidad en la plantilla parece total. El lunes 14 de marzo, la inmensa mayoría de los jefes de servicio firmó una carta de apoyo a Montes, que había sido destituido el viernes anterior a última hora de la mañana. Si hay médicos contarios a las sedaciones, no hablan en público. Pero tiene que haber alguno: quien denunció en 2002 las sedaciones excesivas en urgencias y quien ha repetido este año aportando historias clínicas.Aunque el hospital está plagado de sospechas, no pasan de la voz baja. "Sería una irresponsabilidad acusar a alguien sin total seguridad, pero se acabará sabiendo", afirma Del Nogal.
Lo cierto es que las presiones contra Montes comenzaron casi con su nombramiento. El jefe de Anestesia, Joaquín Insausti, ha hablado de acoso laboral. Algunos de sus detractores pidieron entre 2001 y 2004 su dimisión al gerente, Jesús Rodríguez. Éste estuvo a punto de relevarlo tras la primera denuncia, según fuentes médicas. Finalmente decidió esperar al dictamen del comité de ética de Getafe sobre las sedaciones. El comité aplaudió el trabajo en urgencias y la inspección de Sanidad de 2003 tampoco halló mala praxis. En noviembre de 2004, Lamela designó a Rodríguez como gerente del hospital público Puerta de Hierro. Sigue en su puesto.
Lo que nadie sabe en el hospital es cómo y quién cerrará la crisis, que se ha extendido a otros centros de Madrid. "No entiendo qué busca Lamela y cómo podrá salir de ésta después de ensuciar a todo el hospital y de poner a los pacientes en contra de los médicos por un asunto investigado con anterioridad", afirma Insausti.
Mientras, y si nadie lo remedia, los pasillos de urgencias seguirán repletos. Los pacientes no se llamarán Mercedes González ni Delfina Montealegre. El médico jefe no se llamará Luis Montes. El hospital tardará mucho en volver a ser un hospital normal.
A la cabeza de la protesta
En 1985, en pleno desarrollo de la Ley del Aborto, este periódico informó, citando a un médico, que "no faltarán médicos en La Paz ni en el Hospital de Móstoles" para aplicar el aborto. No había más hospitales públicos en Madrid con médicos dispuestos. El de Móstoles ya tenía entonces fama de progresista y precisamente de allí salió un nutrido grupo de médicos que se incorporó a trabajar en el Severo Ochoa cuando abrió sus puertas en 1987. Entre ellos figuran el anestesista Luis Montes, hoy destituido; Joaquín Insausti, jefe de Anestesia; Frutos del Nogal, jefe de la UVI, Fernando Gimeno, jefe de Urología y ex director médico; Javier Arregi, jefe de pediatría, y el jefe de Ginecología y Obstetricia, Javier Martínez Salmean, o el anestesista Alfonso García, hoy representante sindical. La mayoría son progresistas y firmes partidarios de la sanidad pública.
Ellos, con la junta de personal, han liderado la protesta. El resultado ha sido una respuesta contundente ante la prensa, han impulsado concentraciones diarias en el hospital que frecuentemente acaban ante el despacho del gerente a gritos de "¡Lamela, dimisión!", y se han manifestado ante la Asamblea de Madrid cuando Lamela compareció a petición propia para explicar su actuación. Desde el primer momento defendieron a Montes. Lo conocen desde hace más de 20 años.
El gerente entre 2001 y 2004, Jesús Rodríguez, amagó con destituir a Montes. Ante la reticencia de los jefes de servicio, optó por encargar una auditoría a los inspectores de la Consejería de Sanidad. Tras estudiar durante meses las sedaciones, no hallaron nada sancionable.
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