Depredadores
Lo mejor que podía haber pasado con algunos alcaldes y muchos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana es que nunca hubieran existido. El hecho insólito de que quien recibe el encargo de gobernar en un municipio, por el mandato surgido de las urnas, se sienta con derecho a ejercer el poder sin miramiento, es un una extravagancia que vamos a pagar con creces.
Los desmanes que se han sucedido en las zonas del litoral, que detentan la supremacía del turismo de sol y playa, amenazan casi sin remedio la perdurabilidad de unas comarcas que deberían ser celosísimas en la defensa de un bien preciado y consumible que es la autenticidad del entorno de acuerdo con su ecosistema.
Hay delitos graves contra la humanidad. Uno es la utilización de los derechos democráticos para limitar la libertad de los demás y el otro es la agresión al tipismo, al medio ambiente, al paisaje y a la naturaleza para liquidar las oportunidades que podría ofrecer el entorno a las generaciones próximas.
En la Comunidad Valenciana se han consentido y consumado actuaciones sobre el territorio que lo han desfigurado para siempre. Quien desee comprobarlo únicamente ha de darse una vuelta por las dos Marinas, la alta y la baja, o por la Safor. Por Xàbia, Dénia, Gata, Calpe, Altea, Villajoyosa, Benidorm o los términos situados al sur de Alicante. Mención aparte merecen las actuaciones urbanísticas consumadas al norte y al sur de Castellón, porque eran zonas que podían haberse escapado a la acción de los depredadores de suelo sin contemplación alguna.
Dentro de unos años resultará muy complicado explicar por qué razón el desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana no ha seguido los pasos y las precauciones que se han tomado en otras demarcaciones y comunidades autonómicas donde tenían mayor experiencia en el crecimiento turístico.
A pesar de que se han adoptado decisiones en apariencia para promocionar el turismo, con la mayor diligencia, la realidad nos sitúa en un escenario en el que los factores diferenciales del turismo valenciano están desapareciendo. En gran medida porque estas peculiaridades tampoco han sido delimitadas, difundidas y proyectadas para conseguir que fueran valoradas y asimiladas. Únicamente había que tomar nota de cuanto ocurre en otras zonas con mayor personalidad cultural y turística.
Dentro de la deficiencia de los servicios que se dispensan en las zonas turísticas, para los aborígenes y para los visitantes, está la calamitosa situación de la seguridad personal y ciudadana de que se padece. Nadie puede pensar que nuestros turistas vayan a estar muy motivados para acompañarnos y soportar nuestros sobrecostes, cuando tienen la sensación de correr serios peligros y ser atracados con total impunidad. Estas cosas no ocurren en países con más dilatado recorrido democrático. Si las leyes no valen, se cambian y sobre todo se hacen respetar con todo rigor para evitar que el derecho de los delincuentes prevalezca sobre el de los ciudadanos. A diario se producen desmanes que en cualquier país democrático no se pueden consentir. La delincuencia debe ser perseguida y controlada para evitar la sensación de impotencia. Un estado de derecho sin libertad y sin seguridad falla por su base.
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