El Gobierno pide a la Abogacía del Estado que estudie la petición de voto de Otegi

El Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que redoble la vigilancia sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en euskera), como ya lo "está haciendo la Fiscalía General del Estado", tras conocer la petición de voto formulada por el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, a favor de este partido. Así lo manifestó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después del Consejo de Ministros, tras señalar que dicha petición de voto es un "elemento sobrevenido".

La vicepresidenta recordó ayer que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía llevan días investigando las posibles conexiones de EHAK con Batasuna, pero "aún no han encontrado pruebas definitivas", y se mostró prudente porque, a juicio del Ejecutivo, la mera petición de voto por parte de Batasuna a favor de otra formación "no es un elemento probatorio en sí mismo".

El artículo 9.3 de la Ley de Partidos Políticos, en su apartado e), señala que es constitutivo de delito "ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos".

El Gobierno cree que la mera petición de voto de Batasuna para EHAK no implica la vulneración de este artículo de la Ley de Partidos, pues a lo que se refiere es a "las manifestaciones, resoluciones y actos" del partido investigado (EHAK), no de otras formaciones (Batasuna o Aukera Guztiak). "Se podría llegar al absurdo de que si el líder de Batasuna pide un voto para cualquier partido democrático, habría que ilegalizarlo", señala el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

La vicepresidenta explicó que desde el pasado domingo, en que se constató la no condena de ETA por parte de EHAK, la Abogacía del Estado y la Fiscalía analizan cada movimiento de este partido para poder probar su conexión con la ilegalizada Batasuna. Hasta el momento, señala el Gobierno, sólo disponen de dos datos: la no condena de ETA y la petición de voto de la ilegalizada Batasuna, ayer, para EHAK.

Fernández de la Vega insistió en que son los tribunales los que ilegalizan un partido. "Son razones fundadas en derecho las que determinarán que sea ilegalizada o no una candidatura por la Sala Especial del Tribunal Supremo".

La clave de la posible ilegalización está en que la Abogacía del Estado y la Fiscalía puedan demostrar la conexión operativa entre Batasuna y EHAK, insisten en el Gobierno. "Tendría que demostrarse que Batasuna o Aukera Guztiak han cedido medios materiales a EHAK, más allá de las pancartas pidiendo el voto que ya hay en Euskadi, para poder actuar contra esta formación", añaden las fuentes.

Las cautelas del Gobierno tienen que ver con el temor a que una insuficiencia de pruebas acarree que el Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo desestimen una petición de ilegalización de la Abogacía del Estado. De hecho, el Constitucional ilegalizó la candidatura de Aukera Guztiak con muchas dificultades, pese a estar más fundamentada que EHAK.

Incidente de ejecución

En el caso de que se acumulasen pruebas contra EHAK, la ley dispone de la fórmula del "incidente de ejecución", recogido en la Ley de Enjuiciamiento, para actuar. En cuanto a los plazos para una posible ilegalización, que evitase la toma de posesión de los escaños de los electos de EHAK, el Gobierno recuerda que hay tiempo, incluso después de la fecha de las elecciones, el 17 de abril. Los candidatos elegidos tardan un tiempo hasta que son proclamados electos.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló ayer en Palma de Mallorca que, pese a que "la Fiscalía está trabajando a destajo", de momento, "teniendo en cuenta las estrictas exigencias que ha establecido el Tribunal Constitucional y la Sala 61 del Tribunal Supremo", la Fiscalía "no ha encontrado todavía datos suficientes" para ilegalizar a EHAK, pese a la petición de voto de la ilegalizada Batasuna, informa Andreu Manresa.

Conde-Pumpido, quien recordó que ya se han ilegalizado Batasuna y Aukera Guztiak, admitió que EHAK es "una especie de tabla de salvación y de emergencia en la que se han aupado los de Batasuna para no perder sus votos", pero, según señaló, "todavía no tenemos datos que nos acrediten que es un mero subterfugio".

Las asociaciones de jueces discrepan sobre caso. La Asociación Profesional de la Magistratura ve "indicios contundentes" para pedir la ilegalización de la candidatura. La Asociación Francisco de Vitoria ve "indicios de conexión muy evidente", pero consideran la ilegalización de EHAK "discutible cuando menos". Jueces para la Democracia interpreta que no ve "ningún inconveniente" en que pase la candidatura porque "fue creada hace tres años y ha pasado el filtro de la legalidad".