El jefe de personal del Ayuntamiento de Orihuela cobra 2 sueldos públicos

El Ayuntamiento de Orihuela, del PP, ha contratado a plena dedicación como jefe de área personal a un funcionario interino del Gobierno de Murcia, que no cuenta con la compatibilidad total. Luis Alberto Prieto Martí, liberado sindical y profesor interino de la Consejería de Educación murciana, está dado de alta en la Seguridad Social por ambas instituciones, extremo que vulnera la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios. Prieto asegura que su contrato cumple la norma, aunque el expediente municipal de contratación sólo incluye la compatibilidad parcial.

Un portavoz de la alcaldía se limitó a defender la legalidad del contrato

Luis Alberto Prieto Martí está liberado de su función como profesor interino de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia por su condición de presidente del Sindicato Independiente de Interinos (SIDI). No obstante, esa institución, lo mantiene desde 1998 y hasta el día de ayer dado de alta en la Seguridad Social, según ha podido comprobar este periódico. Prieto Martí percibe de la Consejería de Educación unos 25.000 euros anuales.

Prieto es, además, primo de la mujer de Antonio Franco, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Orihuela. El alcalde, José Manuel Medina, contrató inicialmente y a tiempo parcial a Luis Alberto Prieto Martí en junio de 2004 como jefe de personal del Ayuntamiento. Desde esa fecha y hasta diciembre de 2004, Prieto sólo cobraba por ese trabajo el 30% de la remuneración percibida de la Consejería de Educación de Murcia, de acuerdo con la compatibilidad parcial que esta última institución le otorgó.

Sin embargo, en diciembre de 2004, el alcalde, por decreto, contrató con plena dedicación a Luis Alberto Prieto Martí con un sueldo de 38.0000 euros anuales. Medina no informó al pleno sobre el contrato del funcionario ni éste ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, Prieto Martí aparece incluido en el catálogo laboral del Ayuntamiento de Orihuela de este año como director de Personal. Igualmente, la lista de la Seguridad Social incluye a Prieto Martí como empleado de la Corporación oriolana desde el 8 de junio de 2004. En ambos casos (tanto en el epígrafe de la Consejería de Educación como del Ayuntamiento) el nombre del trabajador que aparece es de Luis Alberto Prieto Marín, aunque el número de DNI coincide con el de Luis Alberto Prieto Martí.

El responsable del área de personal del Ayuntamiento de Orihuela declinó ayer atender la llamada de este periódico para conocer su opinión sobre su contratación. Un portavoz de la alcaldía se limitó a defender la legalidad del contrato: "Tiene concedida la compatibilidad por parte de la Consejería de Educación de manera expresa, es decir, por escrito", puntualizó el portavoz, que no especificó la fecha ni las características del documento.

Según ha podido comprobar este periódico, en el expediente de contratación de Prieto Martí como director de personal no consta documento alguno sobre su compatibilidad total. Este extremo también ha sido ratificado por el ex interventor del Ayuntamiento, José Manuel Espinosa. El funcionario, destituido tras reconocer que distrajo dinero municipal, asegura que hasta la fecha de su destitución, el pasado 22 de febrero, en el Ayuntamiento no se recibió ningún documento relativo a la compatibilidad total de Prieto Martí, extremo que le habilitaría para ocupar a plena dedicación el puesto de director de personal.

Las secciones sindicales del Ayuntamiento de Orihuela también han expresado su malestar por la contratación del jefe de personal. "Con independencia de la legalidad o no del contrato, es inmoral que una persona ejerza como sindicalista en una institución y en otra se siente al otro lado de la mesa", precisó Santiago Fernández, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT de La Vega Baja. "En el Ayuntamiento la cosa esta ahora muy caliente con el intento de recortar las libertades sindicales por parte del equipo gobierno", añadió.

La irregular contratación del jefe de personal se suma a otras supuestas irregularidades contables denunciadas por el ex interventor. Entre ellas, el pago, mediante decreto del alcalde, de 180.000 euros a los trabajadores de la contrata de basuras, ajenos laboralmente al Ayuntamiento, para evitar una huelga.