El Defensor del Pueblo denuncia el colapso por demoras que sufre el Tribunal Supremo

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, presentó ayer en el Congreso de los Diputados su informe anual correspondiente a 2004. Entre sus conclusiones destacan las quejas sobre los retrasos que se producen en la Administración de Justicia, con especial incidencia en el Tribunal Supremo. Además, la memoria muestra la insatisfacción creciente de los usuarios de la sanidad pública, el aumento de quejas por servicios prestados por empresas de telecomunicaciones, las deficiencias en el funcionamiento de las entidades bancarias y la masificación en las cárceles.

Las quejas sobre el Tribunal Supremo son, según Múgica, "un reflejo patente" de una situación que para resolverse precisa de algo más que medidas coyunturales de refuerzo. Esta institución considera que la solución de los problemas de retrasos en el alto tribunal pasa "inevitablemente" por la reforma del recurso de casación, que "no puede convertirse en una segunda o tercera instancia". "Las causas de inadmisión deberían ser apreciadas con todo rigor", señala el informe.

- Justicia. En cuanto al servicio público judicial, la memoria recoge los problemas de atención y trato a las víctimas de delitos, la carencia de medios humanos, las deficientes instalaciones y las dilaciones en los casos de desahucio por falta de pago de renta.

Las principales actuaciones sobre quejas sobre violencia doméstica tienen que ver con el fallecimiento de mujeres por esta causa y las carencias detectadas en los juzgados encargados de resolver crisis familiares. En el apartado de Justicia, el informe también recoge las numerosas quejas sobre temas relacionados con el Registro Civil, especialmente las demoras y la incorrecta atención a los usuarios.

- Cárceles. El incremento del número de reclusos en un 6,8% respecto a 2003 sin que se hayan abierto nuevas cárceles redunda en la masificación en las prisiones. En el segundo semestre del año pasado se alcanzó la cifra más alta de presos en España (cerca de 60.000) desde la restauración de la democracia.

- Sanidad. La memoria anual destaca que "parece innegable" que la satisfacción de los pacientes respecto al sistema público de salud "está en retroceso en los últimos años". En las quejas por estos temas subyace la insuficiente adaptación de la sanidad pública a las expectativas de los ciudadanos, "que exigen una atención accesible, rápida y de calidad". El informe recoge una larga retahíla de quejas relativas a los problemas de atención a ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad, el sistema de transporte sanitario, el funcionamiento de los hospitales, las demoras en la asistencia y la escasa cultura acerca del reconocimiento de errores sanitarios.

- Economía. El Defensor del Pueblo constata un incremento "elevadísimo" de quejas en este aspecto, especialmente patente en relación con las telecomunicaciones, y especialmente con Internet. En este último aspecto, se detecta una sensación de impotencia de los usuarios ante la actuación de las empresas proveedoras de acceso a la red, que utilizan "sistemas de atención al cliente y recepción de reclamaciones que parecen diseñados deliberadamente para desmotivar al ciudadano", por lo que aconseja el establecimiento de mecanismos de reclamación extrajudiciales rápidos y eficaces para resolver estos problemas. El informe también detecta las quejas por las comisiones cobradas por las entidades financieras, "que han adquirido una importancia creciente en los últimos años", y en algunos casos "reflejan una falta de criterio" en su cobro.

- Educación. Los problemas en este campo vienen referidas a las deficiencias en la planificación y previsión de las necesidades del sistema educativo, como la carencia de plazas escolares, equipamientos e instalaciones y la elevada concentración de alumnos inmigrantes en algunos centros docentes.

- Número de quejas. Las quejas registradas el año pasado ascendieron a 28.990, bastante mayor que las 17.000 recibidas en 2003, si bien no suponen un aumento espectacular con relación a años pasados, donde las cifras han oscilado en torno a las 20.000-25.000 quejas anuales.