Una acusada de malversar fondos de la Generalitat implica a la cúpula de Unió

Carme Fargas, la principal acusada de la supuesta malversación de 984.292 euros procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña, insinuó ayer durante su declaración ante la Audiencia de Barcelona que los dirigentes del partido Unió Democràtica de Catalunya (UDC) "presionaron" para que se produjera el desvío de una parte de ese dinero. Fargas es la viuda de Joan Cogul, el que fue director de ese organismo dependiente de la Generalitat entre 1992 y 1995, época en la que se produjo el supuesto desvío del dinero. Cogul se suicidó en extrañas circunstancias en Manila en diciembre de 2003, cuando debía regresar a España para ser juzgado.

La viuda resistió más de dos horas de interrogatorio sin concretar sus acusaciones, ni siquiera cuando el presidente del tribunal la requirió para que identificase a las personas que presionaron a su esposo y "evitar espacios siderales en la sentencia". Sin embargo, al ser preguntada directamente por el abogado de la acusación popular Manuel González Peeters sobre si las personas que mediaron para hacer posible el desvío de los fondos públicos fueron los dirigentes de Unió Josep Antoni Duran Lleida y Josep Sánchez Llibre, la acusada afirmó: "Podría ser".

"El asunto se arreglaría"

Sin embargo, Fargas relató que cuando estalló el caso "alguien, desde arriba", les llamó a ella y a su marido para decirles que "el asunto se arreglaría", pero se negó a facilitar su identidad. "Algún día llegará el momento de decirlo", afirmó fuera de la sala de vistas. La acusada, que es militante de Unió al igual que lo era su marido, afirmó también al acabar su declaración que se sentía "abandonada y utilizada" por el partido y que su esposo "se sentía muy solo".

El también abogado de la acusación popular Vladimir Blanes, en representación de Iniciativa per Catalunya-Verds, preguntó directamente si el dinero desviado sirvió para financiar a Unió, pero la viuda volvió a hacer insinuaciones. "Mi marido nunca me lo dijo, pero era muy legal con quien tenía deberes", dijo.

Unió emitió anoche un comunicado en el que asegura que "no existe ningún fundamento ni base" para implicar a Unió y su financiación, y que no presionó ningún dirigente del partido.

Fargas realizó sus acusaciones después de declararse culpable de los delitos de malversación y falsedad que le imputa el fiscal, Fernando Rodríguez Rey, si bien no acepta las penas que le solicita, que totalizan nueve años de cárcel. La acusada reconoció que a través de tres sociedades de las que era accionista -Bewetour, Stone Up y CGI- se desviaron 215.835 euros mediante encargos para realizar informes sobre el sector turístico que acabaron siendo inexistentes o burdas copias. El dinero ya ha sido devuelto al tribunal para que, en caso de condena, Fargas se pueda beneficiar de la atenuante de reparación del daño.