Ni tan sabios, ni tan necios

El informe elaborado por el Consejo de Reforma de los Medios Públicos ha sido objeto, incluso antes de su entrega al Gobierno, de una feroz campaña de ataques por parte de algunos medios de comunicación, de sus editoriales, tertulianos y columnistas. Inermes ante un calificativo de "sabios" que nunca avalamos y que soportamos con resignación, esperábamos al menos una crítica razonada, tanto más legítima en un asunto de gran repercusión pública. Sin embargo, en muchos casos nos hemos enfrentado a una estrategia de descalificaciones absolutas, no ya al informe en sí, sino también, y para mejor destruirlo, al prestigio y hasta al sentido común de los miembros del consejo, pese al incontestable historial de muchos de sus miembros.

Todo ello, como viejo periodista y profesor sobre los medios audiovisuales, no me deprime lo más mínimo, ni me preocuparía de no ser por la curiosa alianza de fuerzas organizada. Junto a periodistas y medios de honda raigambre franquista, que no soportan unos medios públicos definitivamente libres de sus manos, se situaban, en efecto, neoliberales extremistas que no ocultaban su burda idea de que "la mejor radiotelevisión pública es la que no existe", y grupos oportunistas que esperaban la subasta de RTVE en su beneficio.

No somos tan sabios, pero tampoco tan necios como nos pintan. Y el informe se defiende por sí solo ante quien se tome la molestia de leerlo. Contiene, así, en doscientas páginas importantes novedades radicales en los campos más vitales para la sociedad: define auténticos contenidos de servicio público, impide el intervencionismo gubernamental garantizando el pluralismo, y diseña un modelo financiero transparente y sostenible para España. En definitiva, un verdadero servicio público de comunicación e información homologable a los de los grandes países de nuestro entorno europeo, acorde con su modelo social y con la calidad de nuestras democracias.

Es curioso, en primer lugar, que la alta conciencia sobre unos contenidos de servicio público, evidenciada en decenas de propuestas enviadas por entidades españolas, haya sido objeto de escasa atención por parte de muchos medios de comunicación. Pero una parte sustancial del informe responde a esa preocupación, definiendo minuciosamente un conjunto indivisible de contenidos de calidad en todos los géneros y para todos los ciudadanos, con líneas concretas de programación sobre la información independiente, la cultura, la educación y el entretenimiento, pero también para atender a las necesidades de las minorías más indefensas, como la infancia y la juventud, la tercera edad, los minusválidos, los inmigrantes, o para actuar preventivamente frente a los problemas sociales más perentorios (sida, alcoholismo, accidentes de tráfico, maltrato doméstico...). Y todo ello en una promoción permanente de los valores constitucionales y cívicos, de la cohesión, la participación y la diversidad de la sociedad española.

Los capítulos del informe sobre contenidos van mucho más allá e incluyen, por ejemplo, vías de participación activa de la sociedad civil española, como la aplicación sistemática del derecho de acceso de los grupos sociales significativos, mandato constitucional nunca cumplido; o un papel motor de dinamización de la industria cinematográfica, audiovisual y cultural española. Especialmente, un capítulo completo plantea la necesidad imperiosa de que los medios públicos actúen como locomotora de las redes y los servicios digitales gratuitos para hacer realidad una Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, evitando las fracturas y discriminaciones sociales que ya se apuntan en la realidad.

Después de décadas de acusaciones cruzadas sobre la manipulación gubernamental sistemática de los medios públicos en España, poca atención mediática ha recibido también nuestra propuesta organizativa y gerencial, pensada minuciosamente para impedir el intervencionismo político y para asegurar la responsabilidad y la eficacia en la gestión. Por ello, los miembros de los consejos de administración, elegidos a su vez por diversas instancias para garantizar su pluralismo, deben tener perfiles profesionales incuestionables y gozar de mandatos irrevocables, pero improrrogables, que refuercen su independencia. El papel del Parlamento es respetado, como representación genuina de los ciudadanos, pero los consejeros nombrados por ambas cámaras deben ser propuestos por la mitad de los grupos parlamentarios y elegidos por dos tercios de los votos, lo que hará imposibles las cuotas partidistas. Finalmente, los directores generales deben ser nombrados por esos consejos, tras una convocatoria pública, perdiendo así su actual carácter político para ser plenamente responsables de sus resultados.

La estructura societaria de RTVE y de la Agencia Efe que proponemos contiene asimismo importantes novedades. El desproporcionado actual Ente RTVE sería sustituido por un holding ligero de coordinación estratégica del grupo, con dos nuevas sociedades, en el área digital y multimedia y en la comercialización de espacios y programas, que potenciarían, respectivamente, ambos campos. Por su parte, Efe estaría dotada, por vez primera en su historia, de una estructura pública legal que garantice su estatuto de servicio público y su pluralismo y responsabilidad gerencial.

En el modelo financiero, algunos han alimentado una completa ceremonia de la confusión. Así, se nos ha acusado de "obligar" al Estado a pagar la deuda acumulada, fruto de 14 años de desidia gubernamental, cuando tanto el Gobierno anterior como el actual se habían comprometido ya a esta asunción, por otra parte obligada por la contabilidad europea y autorizada por Bruselas como "ayuda existente" legal. También se nos ha imputado un incremento sustancial de las subvenciones estatales, a sabiendas de que éstas apenas cubrían oficialmente el 6% del gasto de RTVE, pero eran ampliamente multiplicadas por el endeudamiento avalado, con abultados intereses acumulados año tras año.

En realidad, proponemos un modelo financiero legitimado por la Unión Europea, estable y asequible para España. Con una publicidad limitada para impedir la desvirtuación del servicio público, pero en donde la aportación transparente del presupuesto estatal, estrictamente proporcional al coste neto del servicio público, tendría un ahorro neto anual muy importante respecto a la actualidad, con la garantía añadida de una prohibición total de endeudamiento financiero. Con una contabilidad analítica y el control externo del Consejo Audiovisual y del Parlamento sobre contratos-programa trianuales, la acusación de "doble financiación" sería ya imposible, o quedaría reducida a un eslogan publicitario "engañabobos". Además, planteamos líneas concretas para Planes Estratégicos empresariales obligados, con relaciones laborales transparentes, importantes sinergias y ahorros notables que podrían ser utilizados en el esfuerzo de la transición digital.

Todo ello no basta para cierta prensa, cuyo sentido de la renovación sólo admite el desguace y liquidación del servicio público. Ni siquiera el papel insustituible de estos medios públicos para articular y cohesionar la España de las autonomías parece tener interés para algunos grupos, que evidencian así su escaso sentido del Estado. Tampoco una proyección exterior vital de las lenguas y las culturas españolas, y de nuestra diplomacia, que en Francia o en el Reino Unido o en Alemania aglutina también por igual a la derecha como a la izquierda. En el colmo del populismo, algunos han argumentado que si se hundían los medios públicos se podría dedicar ese dinero a becas, a seminarios de cultura o a sanidad, mostrando así la absoluta falta de conciencia sobre un servicio público que equivale a miles de becas y seminarios, y a una prevención sanitaria que el Estado español nunca podría pagar de forma directa. En el extremo de la demagogia compasiva, personajes impasibles ante las desigualdades sociales han argüido que se podría ayudar a los pobres, o a los sin techo.

Tomando carrera hacia la deslegitimación del informe, algunos sectores han llegado a sostener la validez equiparable de un voto particular que refrenda nuestro pluralismo e independencia. Como si, tras el referéndum por la Constitución europea, se hubiera esgrimido que el no (20%, uno de cada cinco votos) tenía igual valor que el sí para el Gobierno y el Parlamento; pero un no, nueve folios en este caso, construido a base de calificativos genéricos, sin alternativa alguna. También se han utilizado sugerencias del "asesor financiero", nombrado por el Ministerio de Hacienda y sin capacidad de voto, que, como el desmantelamiento de los centros regionales, la separación y comercialización total de TVE-1 y de parte de RNE, o una reducción drástica del empleo previa a todo estudio de necesidades según el modelo propuesto, rechazamos tajantemente porque abocaban a la fragmentación y la privatización; en definitiva, a un modelo de radiotelevisión tercermundista que degradaría nuestra democracia abruptamente sin resolver los problemas planteados. Nunca, sin embargo, pudimos creer que estas propuestas vinieran avaladas por un ministro socialista de bien ganadas credenciales europeístas, y ni siquiera por una SEPI, gestora actual de RTVE y Efe, cuyo presidente me expresó en persona una alta concepción del servicio público de comunicación.

Acusados así, al mismo tiempo, de dejarnos manipular por el Gobierno y de resistirnos a sus propuestas, nos han tachado finalmente de plagio simultáneo de los documentos y propósitos del PP y del PSOE. Bendita copia en su caso si nos ha permitido cuadrar el círculo después de años de imposible consenso parlamentario sobre RTVE, tras 28 años de laguna legal y democrática de Efe. Nada mejor podíamos desear en el consejo: un auténtico pacto de Estado que refuerce a nuestros medios públicos de comunicación como instituciones fundamentales de nuestra sociedad y nuestra democracia, por encima por fin de la lucha política y partidista.

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense. Miembro del Consejo para la Reforma de los Medios Públicos.