La mala suerte de las loterías catalanas
En medios de CiU se ha vivido como una expropiación política, pero sólo ha sido un concurso público. La empresa Luditec, creada expresamente en 1987 para gestionar las loterías catalanas, acaba de perder la gestión del juego público en Cataluña tras 18 años de concesión sin que mediara concurso público. Más allá de la endémica polémica que ha rodeado la gestión del juego, marcado por la sospecha de financiación irregular de CiU, la pérdida del concurso por parte de Luditec es un final de época y pone de manifiesto el fracaso de una de las apuestas del nacionalismo: las loterías catalanas apenas han logrado arañar en 18 años el mercado del juego público en Cataluña.
Las cinco loterías catalanas recaudan sólo el 2% de lo que se gasta en juego en Cataluña y el 5,22% de lo que se juega en loterías. En el último año han ingresado 90,6 millones de euros, una cifra inferior incluso a la del primer año de actividad, que fue de 91,1, aunque superior al bache de 1994, en que sólo recaudó 54 millones. "La verdad es que el resultado es muy pobre, pero con la nueva concesión intentaremos mejorarlo", indica Xavier Guitart, director general de Juegos y Apuestas, del departamento de Interior.
Las cinco loterías catalanas recaudan sólo el 2% de lo que los catalanes gastan en en juego y el 5,22% de lo que recauda el conjunto de las loterías en Cataluña
El concurso ha sido ganado por una unión temporal de empresas formada por Indra (25%) y la multinacional norteamericana Scientific Games (75%)
Sólo por el hecho de haber cambiado de concesionaria, la Generalitat ingresará cinco millones de euros más al año, que se destinarán a gastos sociales
"El resultado no es tan malo si se tiene en cuenta que competimos con la Lotería Nacional y los cupones de la ONCE. Es un problema de volumen. Nosotros estamos en inferioridad de condiciones porque ellos pueden entrar en nuestro territorio y nosotros no podemos entrar en el suyo. Tenemos menos ingresos, pero el equipamento técnico necesario es el mismo", argumenta Pablo Güell López, gerente de Luditec. La empresa está controlada por Casinos-Inverama, que preside Artur Suqué y que también gestiona en exclusiva los casinos de Cataluña.
Al anunciar el martes pasado que el concurso de las loterías había sido ganado por una unión temporal de empresas formado por Indra (25%) y la multinacional norteamericana Scientífic Games, Guitar precisó que, sólo por el hecho de haber cambiado de concesionaria, la Generalitat ingresará cinco millones de euros más al año, una cifra importante si se tiene en cuenta que los beneficios de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat (EAJA) por las loterías fueron en 2004 de apenas 12 millones. Todos los beneficios se destinan, por ley, al departamento de Bienestar Social.
Cuando en 1986 se creó la EAJA, sus promotores, el entonces secretario general de la presidencia y mano derecha de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, y el que luego fue director de la nueva entidad, Carles Vilarrubí, manejaron estudios en los que se había previsto que los beneficios de las loterías podían llegar a los 8.000 millones de pesetas anuales. La realidad es que nunca fueron más allá de los dos mil y poco. En cambio, los gastos de gestión han sido siempre muy abultados. Y ésa ha sido la gran paradoja de estas loterías. Aunque han recaudado poco en relación al total, un pequeño poco de un gran mucho es mucho. De manera que por las arcas de Luditec ha pasado mucho más dinero que por las arcas de la Generalitat.
Sin riesgo
El contrato que obtuvo Luditec fue beneficioso teniendo en cuenta que la empresa se constituyó apenas unos meses antes de la concesión con un capital inicial de 500.000 pesetas de 1987, que obtuvo el contrato mediante un procedimiento de concurrencia de ofertas en lugar de concurso público, y que no asumía ningún riesgo económico, pues el monto principal de la inversión técnica inicial corría a cargo de la propia EAJA. De hecho, la EAJA aún pagó en 2003 los últimos 13 millones de euros de inversión en utillaje. El punto quinto del contrato le garantizaba el 10% de lo recaudado en las loterías on line y el 20% de las instantáneas. De modo que, durante los años de mediocre recaudación, por cada peseta de las loterías que llegaba a Bienestar Social se gastaban tres en gestión.
Entre 1987 y 2004, los ingresos de las loterías catalanas han sumado 1.291 millones de euros. La gestora ha percibido porcentajes que oscilan entre el 10% y el 20% de esa cantidad por su gestión.
En 1997 venció la concesión, y fue un escándalo mayúsculo que CiU volviera a adjudicarla a Luditec, pese a que por entonces la gestión de las loterías había sido motivo de bronca permanente con la oposición y había provocado una comisión de investigación en el Parlament.
También se había producido un sonado proceso judicial, el llamado caso Casinos. En junio anterior, el juez había archivado la denuncia de uno de los directivos de Casinos, Jaume Sentis, contra el presidente del grupo, Artur Suqué, al que acusaba de haber desviado 3.000 millones de pesetas de la empresa para financiar a CiU. El juez dejó claro en el auto de archivo que se había producido "una inversión en el mantenimiento, directo o indirecto, de un partido político", pero estimó que no estaba tipificada como delito.
Luditec obtuvo una prórroga del contrato, esta vez en unión temporal con la norteamericana Gtech, y se comprometió, esta vez sí, a realizar inversiones.
Al tomar posesión de su cargo, el nuevo Gobierno catalán decidió prorrogar un año la concesión, pero sólo para convocar un concurso público. Luditec siempre pensó que ganaría de nuevo, habida cuenta de que posee el control técnico de las apuestas. Pero ha perdido. El nuevo Gobierno no ha querido hacer una revisión revanchista de la gestión anterior, pero considera que el modelo entero debe ser revisado. "No tiene sentido que las administraciones públicas compitamos por el juego público. Lo lógico sería que colaboráramos". La Generalitat tiene, en virtud del Estatut, competencias exclusivas en materia de juego, y por eso puede crear sus propias loterías, para las que cuenta con 2.500 puntos de venta. Pero Guitart considera que sería mucho más lógico que las administraciones central y autonómica compartieran los puntos de venta, la gestión de las loterías y los beneficios.
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