El (in)pacto de la vivienda

En vivienda no caben los milagros, ni las soluciones mágicas. De ello era consciente Javier Madrazo cuando, en noviembre de 2001, se estrenó en el Parlamento como consejero del ramo. Entonces, armado de buenos deseos, se marcó dos prioridades para paliar el problema de la falta de pisos a un precio asequible en Euskadi. Prometió un gran pacto social entre la Administración, los partidos políticos, las cajas de ahorro y los promotores públicos para facilitar el acceso a la vivienda, y la tramitación inmediata de la ley de Suelo para su aprobación durante este último mandato. Al cabo de cuatro años, más allá de otros logros de cierto calado, el Departamento de Vivienda no conseguido alcanzar ninguno de estos dos propósitos. Para la oposición, todo se resume en "mucha propaganda y poca acción".

El metro cuadrado cuesta ya 2.980 euros. El precio de los pisos libres ha aumentado un 26,2%

"En seis meses tenemos que lograr un pacto social por la vivienda", declaró Madrazo en una entrevista con EL PAÍS en octubre de 2001, cuando llevada un mes en el cargo. No ha existido tal pacto social; muy al contrario, la tensión ha dominado las relaciones de Vivienda con los ayuntamientos (Eudel), los constructores y con toda la oposición. Así se explica que, sin el consenso suficiente, el actual Ejecutivo haya sido incapaz de sacar adelante su proyecto estrella: la ley de Suelo.

Ni la precipitada tramitación del proyecto -a última hora y sin detenerse apenas en las enmiendas-, ni el apoyo a regañadientes e interesado del PNV -fue el peaje político que tuvo que pagar por el apoyo de Ezker Batua, el partido de Madrazo, al plan Ibarretxe- bastaron para salvar la legislatura.

Cuatro años de gestión quedaron oscurecidos por una votación triple. Tres empates consecutivos -los 37 votos del tripartito y UA contra los mismos que sumaron el PSE, el PP y Sozialista Abertzaleak- dieron al traste con la normativa urbanística, rechazada durante el último pleno de la Cámara. Euskadi se queda así con el dudoso honor de ser la única comunidad autónoma sin legislar en esta materia.

La situación de la vivienda en Euskadi es muy desalentadora: "El 90% de la población no puede acceder a una vivienda a los precios actuales de mercado", según reconoce la propia consejería. Durante este cuatrienio, el precio de los pisos libres (nuevos y usados) ha subido un 26,2%, con lo que el precio del metro cuadrado se situó en el tercer trimestre del año pasado en 2.980,4 euros. El mercado vasco se sigue enfrentando a la paradoja de que una vivienda usada es más cara que una nueva: 3.020,7 euros frente a 2.901,1 euros. Euskadi sigue ocupando la tercera posición en la clasificación de viviendas libres nuevas más caras de España, por detrás de Madrid y Cataluña.

A la vez que se ha encarecido el precio de la vivienda, también ha subido la demanda. A finales del año pasado, las necesidades de vivienda en Euskadi eran de 118.000 personas. Frente a ello, el Gobierno ha tratado de orientar su política principalmente hacia "el incremento de la oferta de vivienda protegida, la apuesta por el alquiler, la recuperación de pisos vacíos y el control del fraude".

Existe una coincidencia general en que el equipo de Madrazo ha dado un fuerte empujón a la construcción de viviendas protegidas. La consejería calcula que, desde 2001, una de cada tres viviendas construidas en Euskadi es de protección oficial.

El programa Bizigune, puesto en marcha hace un año y medio con la pretensión de ocupar en régimen de alquiler al menos 5.000 de las 22.300 viviendas vacías existentes en Euskadi, ha sido uno de los éxitos de Vivienda. Madrazo asegura que se han captado 2.000 pisos en este periodo, de los que 1.000 ya están habitados. La oposición también considera un paso adelante la aprobación del decreto que prohíbe la venta de la VPO en el mercado libre para combatir el fraude en la transmisión de estos pisos.