Rectificar en Leganés

La actuación del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, en el caso del hospital público de Leganés está cada vez más en entredicho. Ante los datos disponibles la Fiscalía no observa indicios de responsabilidad penal en la aplicación de sedantes a enfermos terminales y recrimina al consejero por no haberle enviado todavía los historiales de 25 pacientes a los que supuestamente se habría aplicado un tratamiento inadecuado. Toda la cúpula del centro, y más en concreto el jefe de urgencias y responsable del miniequipo de sedación paliativa, fue destituida el mes pasado por Lamela en base a una denuncia anónima.

El consejero se encuentra en una situación delicada. Los dos informes realizados por su propio departamento y cuyas conclusiones se difundieron la semana pasada determinan claramente que ni ha habido eutanasia ni hay que registrar una mala praxis médica en los tratamientos aplicados. El prestigio del jefe de urgencias ha quedado seriamente dañado al igual que el del propio hospital. El personal, que ayer realizó un paro de protesta, exige la inmediata reposición del afectado en su cargo. Bueno sería que la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, reflexionara sobre el daño causado y que el propio Lamela rectificara. El consejero deberá en todo caso asumir responsabilidades políticas si la investigación judicial concluye que no hubo ningún abuso.

Pero independientemente de cuál sea la solución al grave conflicto, el caso de Leganés tendría que servir de acicate para reactivar el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, lanzado en 2000 por la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, sin apenas resultado. Sólo uno de cada cinco hospitales en España dispone de un servicio de esta clase. De ese pobre nivel se salvan algo Cataluña, País Vasco y Cantabria. La implantación es tan necesaria en clínica como en atención domiciliaria.