Martínez pide un informe que evite que la Zona Franca se querelle contra Osuna

La presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, remitió ayer un escrito urgente al Abogado del Estado en el que le solicita un informe sobre las responsabilidades Miguel Osuna, ex delegado del recinto fiscal gaditano a propuesta del PP. Con este documento, el PP quiere evitar a toda costa que el pleno de la Zona Franca decida el próximo lunes emprender acciones penales contra Osuna por las irregularidades detectadas por la Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado.

Los consejeros del PSOE en la Zona Franca pedirán al pleno que autorice a este organismo a querellarse contra los ex delegados populares Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna por su actuación en operaciones en Miami y contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo, ex militante del PP.

Los socialistas responsabilizan a los dos primeros de los polémicos contratos de 6,8 millones de euros que pagó la Zona Franca en 2000 y 2001 a Miami Free Zone y Telvent Interactiva por material informático para crear una red de comercio digital que nunca llegó a funcionar y que, según un peritaje realizado por un departamento de la Universidad de Sevilla, tiene un precio que apenas alcanza dos millones de euros. La Abogacía del Estado exigía esta valoración "con carácter previo al ejercicio de acciones contables o penales contra los gestores de Rilco", sociedad de la Zona Franca.

Sin embargo, el PP limita sus acusaciones únicamente contra García Gallardo, a quien la Abogacía y la Intervención del Estado acusan de varios delitos de fraude y apropiación indebida

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