Un error que a nadie beneficia

Tras una andadura de más de cien años, en la que no han faltado diversos cambios en su estatus jurídico, las Cámaras de la Propiedad Urbana se han visto obligadas a afrontar, por imperativo legal, la pérdida de su condición de corporaciones de derecho público. En nuestra comunidad autónoma, esa necesaria modificación legal se ha visto acompañado por una decisión política del Gobierno vasco, y más en concreto de su Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que implica la pura y simple desaparición de las Cámaras. Se trata, a nuestro juicio, de una respuesta precipitada, irreflexiva e injustificada, que acarreará serios perjuicios tanto en el ámbito público como en lo tocante a los derechos de centenares de miles de socios que, a lo largo de los años, han venido pagando voluntariamente sus cuotas.

Si la Administración va a asumir las funciones de las Cámaras, ¿cuánto le va a costar al contribuyente?

La sentencia no impone la desaparición de estos órganos en tanto que agrupación de propietarios

Aunque la situación a la que se nos ha abocado a las tres agrupaciones de propietarios de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tiene mucho en común, me referiré sólo a la institución que presido por dos razones: en primer lugar, por una norma de elemental respeto a las otras dos cámaras; y en segundo término, porque como es obvio, es la realidad de la Cámara de Bizkaia la que conozco en profundidad.

Antes de nada, me veo en la obligación de puntualizar lo siguiente: en el ámbito de Bizkaia, es rotundamente falso que la Cámara de la Propiedad esté mal gestionada o presente graves problemas económico-financieros. No se trata de una apreciación personal: se acaba de presentar una auditoría independiente referida al último quinquenio (1999-2003) cuya conclusión es rotunda: "Todos los índices de financiación, liquidez y solvencia indican una situación estructural muy saneada, excesivamente solvente, y con un alto grado de liquidez". No es cierto, por tanto, al menos en el caso de Bizkaia, que la desaparición de la Cámara venga a solucionar un supuesto caos financiero en el seno de la institución.

Si no existe razón económica alguna para disolver la Cámara, podría pensarse que la decisión del Departamento de Vivienda viene dada por el hecho de que se trate de una institución obsoleta o inoperante, que no presta ningún servicio eficaz. Tampoco es el caso, puesto que ¿cómo se explica entonces que dispongamos de casi 250.000 socios solamente en el territorio histórico de Bizkaia, que pagan voluntariamente sus cuotas y que tienen total libertad para darse de baja? Por el contrario, esa fidelidad de los asociados puede tener su explicación, por ejemplo, en alrededor de 100.000 consultas verbales resueltas cada año, además de un millar de informes por escrito relativos de cuestiones de mayor calado que las simples dudas jurídicas o las cuestiones de mera vecindad.

Y todo ello sin ningún coste para el erario público, dado que esta Cámara se mantiene exclusivamente con las cuotas de sus socios, sin ni siquiera recurrir a subvenciones públicas, a las que por otra parte tendría derecho dada su labor social. Si es la Administración la que va a asumir esta y otras tareas en las que las Cámaras de la Propiedad tienen experiencia contrastada, se nos plantean dos dudas. ¿Cuánto le va a costar eso al contribuyente? Y por otro lado, ¿está el Departamento de Vivienda en condiciones de garantizar que puede asumir todas las funciones de las Cámaras con el mismo nivel de eficiencia que se ha venido ofreciendo hasta la fecha?

Y si el coste que puede suponer la desaparición de las Cámaras es motivo de preocupación para cualquier contribuyente, qué no decir de las dudas que plantea la operación desde el punto de vista de los asociados que voluntariamente han satisfecho sus cuotas a lo largo de los años. En Bizkaia, los activos de la Cámara de la Propiedad superan a día de hoy nada menos que 14 millones de euros entre inmuebles y activos financieros. Un patrimonio, en definitiva, generado por personas particulares en el seno de una asociación privada.

Resumidas en unas pocas líneas, éstas son algunas de las razones que nos inducen a calificar de precipitado e injustificado el decreto del Departamento de Vivienda. El consejero Madrazo y sus asesores no han considerado la posibilidad más razonable y sencilla, que no es otra que mantener las Cámaras como asociaciones privadas de propietarios, que es lo que al fin y al cabo fueron en el momento de su creación. La sentencia que obliga a privar a estos órganos de su condición de corporaciones de derecho público no impone su desaparición en tanto que agrupación de propietarios urbanos para la defensa de sus intereses comunes.

María Jesús Ellakuria es presidenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia.