Corrupción institucional

Soy magistrado jubilado y pertenecí a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga desde 1991 hasta el 1 de octubre de 2001, fecha en que me jubilé. En la edición de EL PAÍS Andalucía del 28 de marzo de 2005 se publica un artículo de Javier Pérez Royo, titulado "Corrupción institucional", en el que se analiza la responsabilidad de todos los poderes públicos en el desaguisado urbanístico de Marbella y el autor llega a la conclusión de que la responsabilidad de lo que ha ocurrido "hay que buscarla más bien en la excesiva complacencia con que las Salas de lo Contencioso Administrativo han actuado a lo largo de muchos años en más de un centenar de recursos". Añade más adelante que "sin una colaboración activa del poder judicial no es posible controlar estrategias como la que Jesús Gil puso en marcha en Marbella" y entiende que "lo que cabe exigir del poder judicial es que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no se tape los ojos o mire para otro lado cuando se le presentan indicios más que razonables de que algo olía a podrido en Marbella".

No voy a entrar en la polémica política subyacente en el artículo, me limito a decir para el buen entendedor que siempre es bueno que haya niños chicos... Simplemente deseo rogar al profesor Pérez Royo que se revista de dignidad ciudadana y, en lugar de vilipendiarme públicamente, me denuncie al Ministerio Fiscal por prevaricación (es posible que no haya prescrito).

También le agradezco que haya rebajado el nivel del improperio desde "connivencia" a "excesiva complacencia". Y para terminar, unas preguntas fáciles: ¿Qué es eso de colaboración activa del poder judicial para controlar estrategias? ¿Se puede llamar poder judicial a un tribunal que sistemáticamente se ve obligado a vulnerar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas? ¿Qué es eso, a efectos judiciales en el orden contencioso administrativo, de indicios más que razonables de que algo olía a podrido en Marbella? No espero respuestas ni las necesito.