La Ley de Bono / 2

Por la materia de que trata -la Defensa Nacional- y por el alcance y la ambición del texto que se había filtrado, la llamada Ley Bono está reclamando de modo inexcusable un análisis detallado del que hasta ahora hemos estado más bien ayunos (véase el primer comentario de esta serie en la página 19 de EL PAÍS del 22 de marzo). Por fortuna, mientras se publica en el Boletín Oficial de las Cortes, la página web www.mde.es permite acceder al proyecto de Ley Orgánica de la Defensa en los términos en que fue adoptado por el Consejo de Ministros del viernes 18 de marzo, en cuyas polémicas deliberaciones, según se ha sabido, se introdujeron reveladoras modificaciones atendiendo a las susceptibilidades diversas que manifestaron los titulares de las carteras de Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Administraciones Públicas.

Tal vez por ello se observa un desajuste entre la ambición declarada en el preámbulo que justifica la necesidad de la nueva norma, y el texto dispositivo que viene después. El propósito confesado sería el de romper las inercias arrastradas, y por eso el preámbulo invoca los cambios relevantes acaecidos tanto en el marco internacional de referencia como en la sociedad española mientras resalta que el modelo organizativo de nuestras Fuerzas Armadas ha seguido sin acompasarse a los mismos. Además, entre los elementos que reclamarían la adaptación legal ahora emprendida, destacan tres: el nuevo reclutamiento de nuestros Ejércitos, la supresión del servicio militar obligatorio y la implantación del modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Por eso mismo, sorprende que de ninguno de esos tres elementos haya luego mención alguna a lo largo de los 32 artículos del proyecto de ley.

El preámbulo que comentamos incluye después la enumeración de algunas modificaciones del escenario estratégico, tales como: la desaparición de la política de bloques de la guerra fría, la emergencia de la globalización, el surgimiento de los riesgos y amenazas del terrorismo transnacional, con probada disponibilidad y capacidad de causar daños indiscriminados, y la proliferación de conflictos armados que irradian graves implicaciones a distancia. Todo ello probaría la ambición expansiva de la primera versión del proyecto de ley -la preparada por el departamento ministerial de referencia y adelantada a los grupos parlamentarios-, la cual rebasaba con mucho los límites de su ajustado título de Defensa Nacional. En esa misma línea debe considerarse la aparición en el preámbulo del concepto de seguridad, entendida como derecho básico, necesidad y reto que requeriría la concurrencia de la Defensa para alcanzarla, así como el añadido de que el ámbito de Seguridad y Defensa queda afectado por la interdependencia entre los Estados.

A lo anterior hay que sumar las menciones a la Alianza Atlántica y a la extinguida Unión Europea Occidental, ahora integrada en la UE, además de la apuesta por la Constitución europea en la que quieren verse las bases para una política de Seguridad y Defensa común a escala de la Unión. Por esa rampa se deslizan también referencias a la proyección internacional de España de la que sería un buen reflejo la actuación militar fuera de nuestras fronteras. Para cerrar el cuadro de las ramificaciones, donde el departamento de Defensa aspiraba a tener responsabilidades, se menciona también la revolución tecnológica. Es decir, que el Ministerio de Defensa, así entendido, ampliaría sus competencias a otras áreas tanto del Ministerio del Interior, como de los de Asuntos Exteriores e Industria, este último como actual gestor del capítulo de Investigación y Desarrollo.

En próximas entregas procuraremos analizar con algún detalle las continuidades e innovaciones reflejadas en el proyecto finalmente acordado por el Consejo de Ministros. Hoy sólo queda espacio para destacar que, tras las polémicas deliberaciones del Gabinete en su reunión del viernes 16, el previsto Consejo de Defensa Nacional -reemplazo y actualización de la anterior e inoperante Junta del mismo nombre- que se concebía como "el órgano coordinador y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de seguridad y defensa" ha perdido cuanto se refiere a seguridad y se ha quedado sólo con defensa. O sea, que Interior se ha resistido a ser coordinado bajo el epígrafe de Defensa. Una resistencia que, como las ofrecidas a la pérdida de control de la Guardia Civil y de la policía, está llena de consecuencias. Continuará.