La huelga de recogida de basuras de Granada entra en su tercera semana sin indicios de acuerdo
Salud no ve riesgo sanitario en las 1.600 toneladas de residuos esparcidas en 160 pueblos
El paisaje comienza a degradarse, pero todavía no hay riesgos para la salud. Más de 1.600 toneadas de basura, según los sindicatos, permanecen en las calles de 160 municipios de la provincia de Granada debido a la huelga de los trabajadores encargados de recogerla. Llevan tres semanas ahí, el mismo tiempo empleado por sindicatos y contratistas para tratar de llegar a un acuerdo que aún parece lejano. Mientras discuten, Salud controla a diario los montones de residuos dispersos por las calles. Por el momento no se han convertido en focos de infección, según la consejería.
Los vecinos de algunos pueblos y urbanizaciones del cinturón metropolitano de Granada (que tiene más o menos la misma población que la capital, 250.000 habitantes) ya han comenzado a protestar. Dolores, propietaria de una vivienda unifamiliar del barrio de la Herrería de La Zubia (unos 20.000 habitantes) se quejaba ayer de los malos olores y el penoso aspecto de los montones de bolsas de basura apilados junto a los contenedores a los que, según dice comienzan a acudir animales. Hace dos semanas que el camión no pasa por la zona y los residuos se acumulan cada 20 metros de calle. A veces la peste llega a zonas sensibles como los parques infantiles o la residencia de ancianos. "Al principio guardábamos las bolsas en casa, pero ahora hemos decidido sacarlas todas a la calle para ver si el Ayuntamiento reacciona de una vez", afirma Dolores.
Esa pequeña rebelión a la que se han sumado otros vecinos va dirigida al alcalde, Jorge Rodríguez (PSOE), que, como otros regidores de municipios afectados se siente impotente ante la multitud de quejas recibidas de los ciudadanos. "Respetamos totalmente el derecho a la huelga de los trabajadores y sabemos que cobran menos de lo que deben, pero nosotros no podemos hacer nada", explica Rodríguez, que asegura que el conflicto en este servicio público afecta a los trabajadores y a la contratista municipal, Cespa, pero no al Ayuntamiento. El alcalde se plantea rescindir su contrato con la empresa por su incumplimiento. "Nosotros hemos firmado con la empresa, ahora no podemos pagarle la subida de sueldos", asegura Rodríguez en la misma línea que otros alcaldes afectados.
Los sindicatos aseguran que sus reivindicaciones -básicamente una subida salarial del 60% que equipare los sueldos a los de las contratas de Granada y Motril, y que se recoja en un convenio colectivo provincial- van dirigidas a las contratistas (Cespa, FCC y la patronal Aselip), pero creen que no tendrán futuro sin la participación de los municipios, que deben comprometerse a incrementar el precio de las concesiones. "Hasta ahora no hemos tenido un interlocutor válido", explica el secretario provincial de CC OO, Rafael Roldán. "Las empresas son las que tienen que sentarse a negociar con nosotros esa subida salarial; luego ya hablaremos con los ayuntamientos", añade el dirigente sindical.
Mediación provincial
Los municipios, muchos de los cuales consideran justa la movilización, se agarran a su precariedad presupuestaria para negarse a pagar más. Algunos piden ayuda a la Diputación Provincial que se ha comprometido a convertirse en negociadora siempre que todos los alcaldes lo acepten y se comprometan a hacer frente a la subida que finalmente se pacte, ya que la recogida de basuras es materia exclusiva municipal. Otras poblaciones afectadas han propuesto que la recogida se convierta en competencia provincial a través de un consorcio, pero ese órgano tardaría años en crearse, según fuentes de la Diputación que aseguran que no todos los municipios accederían a ceder la competencia.
Mientras, la consejería de Salud hace controles diarios de los residuos para ver si implican algún riesgo sanitario. Por el momento, ninguno de los informes enviados por los técnicos lo ha encontrado, según su delegación en Granada.
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