El fiscal pide cuatro meses a dos directivos de la papelera de Durango

El fiscal ha pedido cuatro meses de prisión para dos directivos de la antigua papelera Celulosas del Nervión, abierta en Durango, por un presunto delito ecológico ocurrido hace 15 años. Pese a que las diligencias de la causa se iniciaron en 1990 todavía no se ha fijado la fecha del juicio oral. La acción popular eleva a dos años su petición de cárcel para cada encausado, el director de la planta y el secretario del Consejo de Administración de la empresa.

El de la papelera de Durango, ahora ubicada en Iurreta tras la desanexión, ha sido uno de los incidentes ecológicos más graves registrados en Euskadi en las dos últimas décadas. Entonces estaba gestionada por Celulosas del Nervión, que había inaugurado la planta en 1957. La situación de la planta se fue deteriorando a partir de 1988, cuando se inauguró una depuradora justo al lado con el fin de favorecer la recuperación de las aguas del río Ibaizabal, al que la factoría vertía sus residuos.

Un informe elaborado en 1989 detectó elevados niveles de contaminación en el Ibaizabal y la Confederación Hidrográfica del Norte estimó entonces los daños en unos 140 millones de pesetas.

Sin embargo, con el argumento de los costes económicos, la empresa propietaria entonces de la planta (la firma francesa Saint Gobain) no se conectó a la depuradora y en el verano de 1990 y durante 1991 se produjeron hasta cinco vertidos tóxicos, con presencia de fenoles y metales y elevados concentraciones de sodio.

La primera denuncia fue presentada por otra papelera de la comarca, que no podía utilizar el agua contaminada del Ibaizabal para su funcionamiento, y a ella siguieron otras demandas del grupo ecologista Eki, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de la zona, que la tramitaron a través del actualmente desaparecido Consorcio de Aguas del Duranguesado.Las diligencias judiciales quedaron paralizadas varios años, a lo que contribuyó el que en 1997 la fábrica cambiase de propietarios al ser adquirida por sus actuales dueños, la empresa irlandesa Smurfit, líder mundial en embalaje de papel. La Diputación y los ayuntamientos retiraron su querella, pero los ecologistas mantuvieron la denuncia, lo que ha evitado el archivo de las diligencias que solicitaba la defensa de los imputados.

En su escrito de acusación, el fiscal pide al Juzgado de Instrucción 3 de Durango, encargado de la causa, cuatro meses de arresto mayor y una multa de 6.000 euros para José Ramón Badía, que era el director de la factoría, y para José Nieto, secretario del consejo de Celulosas del Nervión. Considera probados los vertidos tóxicos al río y les acusa de un delito ecológico.

Los ecologistas amplían su petción de condena para cada uno de los dos directivos a dos años y cuatro meses, además de una multa de 36.000 euros. Reclaman la responsabilidad civil de la empresa por 600.000 euros, que serían abonados a la Confederación Hidrográfica del Norte, la Diputación y el Consorcio de Aguas y se destinarían a la recuperación y mejora del Ibaizabal.

Está pendiente el escrito de la defensa de los acusados para fijar la vista oral del juicio.