Todavía el Carmel

La crisis del Carmel tuvo su momento culminante en la moción de censura de Josep Piqué y en la querella de Artur Mas, ambas con marcha atrás. Pero cada día aparecen nuevos e inquietantes detalles tanto del sistema de contratación de obras públicas como de la propia construcción del túnel, además de sus efectos sobre la política catalana. Basta comprobar cómo ha deteriorado la imagen del alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, sin ser el responsable directo ni de las obras ni de la conducción de la crisis, ha sufrido casi prioritariamente los efectos de la indignación ciudadana.

Ya sabemos ahora que en la adjudicación de obras públicas durante la anterior legislatura jugaba un papel decisivo el máximo responsable político. Lo dijo el consejero Nadal en el Parlament y lo confirmó luego el propio responsable político, el anterior consejero Felip Puig. Sabemos también que las empresas de ingeniería de la obra del Carmel se han negado a entregar los libros de incidencias cuando se lo ha solicitado el Gobierno. O que el hormigón empleado en el túnel oscilaba entre el 38% y 57% del exigido en el proyecto.

La crisis del Carmel ha puesto de relieve el desaguisado de las obras públicas en Cataluña durante los Gobiernos de CiU. Construcciones sin proyecto, previsión de costes, ni plazos de entrega, eran práctica corriente en la empresa pública Adigsa, que gestiona la vivienda social. Obras por valor de 191 millones de euros fueron abonadas en estas condiciones y aún no se ha localizado el informe de la dirección financiera de Adigsa que las avalaba. Todos son hechos suficientemente graves como para exigir la clarificación y la petición de responsabilidades y justifican plenamente tanto los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria como la acción de la fiscalía.

El cúmulo de irregularidades revela también la insuficiencia del informe de valoración de la gestión de CiU presentado por el Gobierno de Maragall el pasado diciembre. A pesar de su extensión -más de 1.800 folios-, su contenido no despeja todas las dudas, aunque apunta pistas que el Govern no debiera abandonar. A finales del año pasado, Presidencia de la Generalitat se comprometió a decidir en tres meses si exigía responsabilidades a los políticos o funcionarios que hubieran firmado contratos cuya posterior anulación por el tripartito pudiera repercutir en coste para la Generalitat. Ha transcurrido el plazo y con el nuevo escenario del Carmel se han olvidado aquellos buenos propósitos. Da toda la impresión de que el Govern actual sufre ahora los efectos de su manga ancha a la hora de auditar y entrar en la maraña presupuestaria y de obras públicas del anterior. Esta actitud tiene su explicación más en la política -el Estatuto reformado, que necesita el apoyo de CiU- que en connivencias interesadas.

Mientras las investigaciones siguen por sus vías normales, corresponde al presidente de la Generalitat retomar la iniciativa y asegurar el normal funcionamiento de la legislatura, por mucho que CiU intente convertir la crisis del Carmel y del 3% en la crisis de Maragall. Que el Gobierno mejore en eficacia y coordinación y que el calendario político no se pare. Y, sobre todo, que se resuelva el problema de los afectados del barrio del Carmel, que, no lo olvidemos, ha sido el desencadenante de esta crisis. De los resultados en esta doble tarea dependerá que la crisis se pueda dar por cerrada o se proyecte sobre el resto de la legislatura.