No hubo eutanasia

Las denuncias anónimas que apuntaban a un práctica de eutanasia masiva -se llegó a señalar hasta 400 casos- entre los enfermos terminales del hospital público Severo Ochoa de Leganés han quedado en nada. El informe elaborado por los servicios de inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid señala irregularidades administrativas, pero no ha podido establecer que existiera una mala praxis médica, contraria a la ética profesional, en el tratamiento de los enfermos. Éste era el aspecto que desató la alarma, relacionado con el aparente aumento durante los dos últimos años de muertes de enfermos terminales en el citado hospital.

Y sin embargo, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, ha decidido destituir a la cúpula entera del hospital. Antes ya dio suficiente credibilidad a las denuncias anónimas, cesó al coordinador de Urgencias y responsable del equipo de sedación paliativa, sin esperar a verificar lo fundado de las denuncias, y contribuyó así a dar verosimilitud a la hipótesis preocupante de una práctica masiva de eutanasia. El informe reduce ahora lo sucedido a irregularidades administrativas, algo que obliga al consejero a justificar y explicar la destitución del director-médico, el gerente del centro y el coordinador de Urgencias y responsable del equipo de sedación paliativa, si no quiere que aparezca como una justificación retrospectiva de su drástica actuación.

Entre las irregularidades administrativas más significativas figuran, según Lamela, 25 incidencias referentes a enfermos que fallecieron en urgencias tras recibir una sedación que se califica de irregular o inadecuada. Otras tienen que ver con la ausencia de consentimiento familiar expreso o documentado en 57 de los 151 casos de sedaciones revisados y con el hallazgo en un cajón de 70 consentimientos informados que no fueron incorporados a las correspondientes historias clínicas. Pero nada permite deducir que ha habido prácticas de eutanasia ni mucho menos de forma masiva.

Lamela habla de caos organizativo, aunque no cuestiona la profesionalidad de los facultativos cesados, sino su capacidad administrativa y de gestión. Alguna responsabilidad organizativa tendrá en ello el máximo responsable político de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Ciertos reproches a una unidad de urgencias, que tiene contacto además con enfermos en fase terminal, suenan como ironías crueles y macabras y pueden producir resultados devastadores en la medicina pública. Si hubo malas prácticas deben ser localizadas, denunciadas a los tribunales y sus responsables apartados del servicio, pero si no es así o no se puede demostrar, no valen las insinuaciones y las medias verdades, y se convierte en una grave irresponsabilidad la siembra de la duda y la inquietud entre médicos y enfermos.