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Tribuna:

El catalán y Europa

En estas mismas páginas y en la edición del viernes 18 de marzo, Juan B. Culla i Clarà nos ofrecía, bajo el título Las lenguas y Europa, uno de sus interesantes artículos.

Para los que somos asiduos seguidores de sus comentarios era claro, antes de comenzar la lectura, que, pese a iniciarse con una referencia a "los avatares de la lengua española en la Unión Europea", lo que constituía el objetivo de fondo era expresar el pesimismo ante las dificultades de "sacar al catalán de la clandestinidad europea" y justificar que tal situación "llevase a cientos de miles de catalanes a votar no o a abstenerse el pasado 20 de febrero". Dejando de lado que un riguroso y objetivo análisis socioelectoral sobre los hábitos revelados en el curso de las distintas convocatorias electorales anteriores indica, como mínimo, que los votos negativos en el referéndum pueden tener distintas procedencias y diversas motivaciones, lo cierto es que muchos de los que nos encontramos entre los cientos de miles de catalanes -muchos más, por cierto, que los del no- que en Cataluña votamos en el referéndum somos europeístas convencidos y hay en nuestra historia suficientes pruebas de la labor que hemos desarrollado y seguimos desarrollando a favor del reconocimiento del catalán en el ámbito institucional de la Unión Europea.

Existe una corriente en las instituciones de la Unión Europea que intenta limitar el multilingüismo

Y ello, pese a haber vivido directamente, desde el interior mismo del Parlamento Europeo, las dificultades que sufre la aplicación del multilingüismo integral y su extensión, aún más complicada, a las lenguas sólo reconocidas oficialmente en partes de los Estados integrados en la Unión, dificultades a las que se añade el hecho de que algunos Estados han renunciado a la utilización de su lengua propia como lengua de trabajo. Estas dificultades, que merece la pena analizar, no pueden separarse de dos consideraciones importantes.

La primera es el valor de un compromiso positivo con un al proyecto de Constitución europea, que abre precisamente en este espinoso campo nuevas perspectivas tanto en el artículo IV-448 -que en su segundo apartado acepta por primera vez la traducción del texto constitucional al catalán- como en el artículo III-433 -que establece que se adoptará por unanimidad un nuevo régimen lingüístico para sustituir el obsoleto reglamento de 1958.

La segunda es la evaluación ponderada de las actuaciones concretas, más allá de las buenas palabras del presidente del Gobierno del Estado en sus tomas de posición públicas, llevadas a cabo por el ministro de Asuntos Exteriores y por la Secretaría de Estado para Asuntos Europeos, en primer lugar depositando, antes de la aprobación de la Constitución europea que debe darles legitimidad, los textos en euskera, gallego y catalán, y, en segundo lugar, presentando un memorándum en el que se proponen hasta siete modificaciones en forma de anexo del reglamento de 1958, que abrirían paso a la utilización de las tres lenguas, aceptando incluso pagar los costes de la interpretación y la traducción.

Más allá de la presentación de este memorándum -que, en el peor de los casos, condicionaría el nuevo régimen lingüístico que establece el proyecto de Constitución-, hay constancia de las gestiones directas que representantes del Gobierno español y líderes catalanes han realizado directamente cerca de personalidades relevantes del consejo para vencer resistencias, con resultados progresivamente positivos pese a no ser todavía plenamente satisfactorios.

Es cierto que existe una corriente no despreciable en el seno de las instituciones de la Unión que, apoyándose en hábitos consuetudinarios, en pretextos presupuestarios, en concepciones meramente instrumentales de las lenguas y, por qué negarlo, en dificultades técnicas que pueden degradar el contenido de las intervenciones, intentan limitar el multilingüismo y, de hecho, desde un pragmatismo miope, borrar uno de los signos fundamentales de la identidad de Europa, como es la riqueza de su pluralismo cultural y lingüístico.

Pero a esta corriente no se la vence con el pesimismo, los votos negativos o la abstención, sino reforzando el protagonismo de Cataluña. No hay que olvidar que los ciudadanos podemos hacerlo también en las urnas, colaborando con los esfuerzos que están realizando algunos líderes catalanes junto con el Gobierno del Estado, pero también conscientes de la complejidad real del proceso, valorando y aprovechando cada paso por modesto que sea, sabiendo, como los historiadores saben muy bien, que los grandes procesos históricos exigen sabiduría, paciencia, realismo, capacidad de negociación, preservación de los objetivos fundamentales y, sobre todo, no confundir la coherencia con la intransigencia.

Hora es ya de que los europeístas catalanes, más allá de cuál haya sido nuestra actitud ante el referéndum, no sólo aceptemos la legitimidad del resultado, sino que nos aprestemos a luchar juntos en esta nueva etapa sin apriorismos pesimistas y con la voluntad de aportar positivamente nuestro seny negociador sin necesidad de morder a nadie.

Antoni Gutiérrez Díaz es ex vicepresidente del Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de marzo de 2005