Durão Barroso se niega a retirar la 'directiva Bolkestein'

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, arremetió ayer contra la clase política francesa por crear confusión en torno a la Directiva de Servicios, conocida como directiva Bolkestein -por el comisario que la impulsó-, en plena precampaña del referéndum sobre la Constitución Europea. Barroso no está dispuesto a retirar el polémico proyecto ni acepta responsabilidad alguna sobre el resultado de la consulta.

La Directiva de Servicios se ha convertido en el arma arrojadiza favorita en la campaña para el referéndum del 29 de mayo, cada vez más caliente desde que las últimas encuestas muestran que el "no" empieza a ser mayoritario. El nombre del político holandés que fuera comisario bajo la presidencia de Romano Prodi se ha convertido en sinónimo de todos los males que encarna el modelo económico neoliberal. Quienes hacen campaña contra el Tratado Constitucional no tienen ningún reparo en usar la brocha gorda con la directiva que pretende la liberalización de los servicios, a la que identifican con la destrucción del modelo de protección social europeo al que supuestamente lleva el texto redactado bajo la dirección de Valéry Giscard d'Estaing.

Socialistas divididos

Los socialistas, por su parte, están divididos. El partido hace campaña por el "sí" y su secretario general, François Hollande, se desgañita intentando aclarar el malentendido, pero quienes dentro del PS se mantiene aferrados al "no", alimentan la confusión.

La derecha, por su parte, y más concretamente el presidente Jacques Chirac, se sumó inmediatamente al rechazo frontal a la directiva, pidiendo su retirada pura y simple en un intento de no dejar ningún espacio político libre a quienes rechazan la Constitución. Ayer, antes de que Barroso se expresara en términos tan contundentes, el palacio del Elíseo matizó, que, en lo que respecta a la directiva Bolkestein, Francia tiene estas prioridades: "Garantizar condiciones de competencia leales; descartar cualquier disposición que permita el dumping social y asegurar la armonización hacia arriba; trabajar en favor del respeto a la diversidad cultural y, finalmente, excluir del campo de la directiva todo lo que concierne a los servicios públicos".

Barroso, que siempre ha reconocido la necesidad de que el texto inicial sea revisado, defendió ayer el proyecto: "El objetivo fundamental es liberalizar el mercado de los servicios, lo que es lógico una vez establecida la libertad de movimientos de mercancías, de personas y de capitales y ese objetivo fundamental no lo ha cuestionado todavía ningún país de la UE".

A renglón seguido, sin embargo, el presidente de la Comisión recordó que ya antes de desatarse la tormenta sobre la directiva, el pasado día 2 de febrero, él mismo anunció su proyecto de revisar su aspecto más polémico: el del principio de país de origen que obliga a respectar en exclusiva sus normas para los trabajadores desplazados a otro país de la UE distinto al propio. Un principio criticado por generar dumping social cuando la empresa originaria provenga de un país con salarios más reducidos y menor protección social.

A partir de ahí, Barroso arremetió contra el malentendido generado en Francia. "La Directiva de Servicios nada tiene que ver con la Constitución Europea y espero que los políticos franceses ayuden a clarificarlo. Si hay confusión en Francia a este respecto, no es responsabilidad de la Comisión Europea", dijo. "Si París convocó un referéndum es porque creía que contaba con una mayoría a favor y si ahora hay problemas es responsabilidad de los políticos franceses", añadió en referencia a los últimos sondeos publicados y que hablan de una victoria del "no" en el referéndum francés fijado para el 29 de mayo. "Obviamente, nos preocupa la situación", admitió el presidente de la Comisión, "porque Francia es un país esencial en la construcción europea, pero si paralizáramos nuestra acción por cada referéndum que se va a celebrar en Europa no podríamos hacer nuestro trabajo".