España defiende incluir excepciones a la polémica liberalización de los servicios

La cumbre ha venido precedida por la polémica en torno a la conocida como directiva Bolkestein, un proyecto para liberalizar el sector europeo de los servicios con muchos detractores. Hoy, mientras el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha indicado que España aboga por incluir "excepciones" para casos concretos cuando se aplique la directiva sin renunciar a ella, el presidente del Parlamenteo Europeo, Josep Borrell, ha advertido que la Eurocámara "no aprobará ninguna norma que ponga en peligro el modelo social europeo".

La gran preocupación que ha desatado entre los europeos por el temor de que suponga una reducción de los derechos laborales, hace prever según Borrell que el Parlamento celebrará un debate sobre este proyecto que será "de enorme calado político y gran trascendencia ciudadana".

Solbes ha afirmado que esta iniciativa de la Comisión Europea supone un avance en el proceso de construcción europea y ha defendido que se aplique el principio de país de origen en la misma. "La idea del país de origen forma parte del núcleo fundamental de las decisiones de la Unión, pero sin embargo afecta a unos temas extremadamente sensibles como pueden ser los servicios públicos, los de interés general", ha precisado. Por ello, España considera "necesario" que se analice "con detalle" la implicación que tendrá esta directiva en los ámbitos de servicio y si ésta se podrá aplicar "de forma indiscriminada" o los Veinticinco tienen que consensuar "excepciones o incluso aplicaciones específicas para algún caso concreto".

El vicepresidente económico del Gobierno explicó que las áreas más sensibles de esta futura liberalización son las de Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, aunque puntualizó que el problema "básico y fundamental" al que se enfrenta la UE es definir el concepto de servicio público, así como su alcance y cómo afectará en casos concretos.

Rechazo de los 'populares'

En torno a esta cuestión, los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) de la UE han acordado por unanimidad el pedir una negociación interinstitucional sobre la directiva de servicios. Según su presidente, Wilfred Martens, "es absolutamente necesario que la Comisión Europea no se quede en los términos de la propuesta de la Comisión Prodi, que se exprese como nueva Comisión y que aporte los cambios necesarios" a esta iniciativa para liberalizar el sector de los servicios, que genera el 70% del PIB de la UE.

En este sentido, hizo hincapié en que el Consejo Europeo que se inicia en los próximos minutos adopte una decisión en firme para "renegociar" la denominada directiva Bolkestein entre las tres instituciones europeas. Martens subrayó que los líderes del PPE no llegaron al punto de pedir al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que retire la propuesta actual que está sobre la mesa.