Margen de error
Un reciente informe ha puesto de relieve el elevado porcentaje de recursos contra liquidaciones tributarias que son estimadas tanto por los tribunales administrativos como por los jurisdiccionales, suscitando la comprensible duda sobre la procedencia y eficacia del conjunto del sistema fiscal. De este informe se desprende la realidad que supone una elevada litigiosidad que satura a dichos tribunales, prologando en el tiempo la resolución de las controversias planteadas con la consiguiente incertidumbre, determinante de una sensación de inseguridad.
Esto lleva a preguntarse si dicha situación es fruto de un comportamiento arbitrario o negligente de los funcionarios de la Administración tributaria, y aunque pueda haber casos puntuales, en general el comportamiento profesional es bueno, o lo que parece más evidente, razones de carácter estructural.
Actualmente son estimados muchos recursos contra liquidaciones tributarias por los tribunales administrativos y jurisdiccionales
En este sentido, sería deseable que los ambiciosos planes de lucha contra el fraude cuenten con los suficientes recursos humanos y materiales que permitan unas actuaciones más eficaces, lo cual reduciría la mencionada litigiosidad, al disminuir las controversias con los contribuyentes.
Por otra parte, una específica fuente de litigiosidad la constituyen las sanciones, que si bien gozan en la actualidad de un importante sistema de reducciones en caso de conformidad, no dejan de utilizar tipos elevados, en particular cuando la infracción lo es por simple negligencia, siendo así que el tratamiento de la regularización voluntaria no goza del adecuado incentivo, que pasaría por suprimir los recargos y aplicar directamente el interés de demora.
A todo esto no contribuye la complejidad del sistema tributario y la rápida modificación del mismo, determinante de errores en los contribuyentes a la hora de declarar, a menudo sancionados, de lo que deriva la necesidad de analizar en profundidad las diferentes causas que inciden en el problema sin limitarlas a la más aparente, permitiendo recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario, determinante de su verdadera legitimación.
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