Magistrado y abogado

Conocí a Diego Córdoba en Alicante, poco tiempo después de haber iniciado ambos nuestra vida profesional, siendo él Juez de Primera Instancia e Instrucción en Callosa de Ensarriá, a comienzos de los años sesenta. Pronto nos unió una verdadera amistad, en la que el afecto mutuo fue incrementándose a lo largo de los años vividos junto al Mediterráneo, a la par que se acentuaba mi admiración por su labor como Magistrado, en la que confluía una encomiable prudencia y una gran pericia técnica, al servicio de una idea de la justicia imbuida de una intensa sensibilidad humana y social, nota esta última que lamentablemente no estaba siempre presente en la judicatura en aquellos difíciles años.

Tras haber ocupado él una plaza en la Audiencia Provincial de Cuenca, volvimos a coincidir en la Administración de Justicia madrileña, lo que nos dio ocasión de seguir compartiendo magníficos momentos familiares y profesionales. Después de diecinueve años de permanencia en la carrera judicial, en la que vio reconocida su brillante trayectoria no sólo con la obtención de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, sino, lo que es más importante, con el cariño y el respeto de todos sus compañeros, quiso adentrarse en otros terrenos del Derecho mediante la dedicación a la abogacía, en la que de nuevo demostró su entusiasmo en el empeño por la Justicia, desde un distinto papel al que entonces había asumido.

La libertad de prensa constituía un reto al inicio de la democracia. Y Diego no podía quedar al margen ni retroceder ante el desafío de colaborar con las fuerzas que propiciaron la democracia y los medios que la hicieron posible, entre los que el diario EL PAÍS tuvo, como es notorio, un lugar destacado.

Hasta su reciente jubilación, Diego Córdoba ocupó distintos puestos en la Asesoría Jurídica del Grupo PRISA, cuya dirección desempeñó muchos años. Eran tiempos difíciles, en los que la libertad de expresión y el derecho de información constituían valores por los que había que luchar día a día, para que la libre formación de la opinión pública y el debate democrático pudieran hacerse por fin realidad. En esos tiempos ya Diego constituía el baluarte de la defensa de un gran número de profesionales del periodismo y era, sin duda, uno de los referentes jurídicos en la protección de los derechos fundamentales.

Con eficacia, sin afán de protagonismo alguno, sobrada capacidad, rigor y buen hacer Diego Córdoba desarrolló una transcendental tarea en la elaboración del conocimiento doctrinal y jurisprudencial sobre la libertad de prensa. Hace pocos años, con la democracia ya consolidada, ante un nuevo ataque al pluralismo ideológico desde el poder, que una vez más se dirigió contra el Grupo PRISA, Diego Córdoba volvió a demostrar la importancia que para las causas nobles tiene encontrar buenas personas y eminentes juristas, como era él, como valedores. Aquel intento de suprimir la discrepancia a través del Derecho Penal fracasó y Diego tuvo mucho que ver en ello.

Profundamente afectado por su fallecimiento, no sólo quiero destacar su valía profesional, sino ante todo su categoría humana, su gran honestidad y su calor de amigo y compañero. Desde esta líneas abrazo con fuerza a su mujer Esperanza y a sus hijos, a los que supo transmitir sus valores, que constituyen su mejor herencia.

Antonio González-Cuéllar García es fiscal excedente, ex vocal de CGPJ y abogado