Bruselas exige a España que aplique las normas europeas sobre energía

Bruselas decidió ayer dar dos meses a España para transponer las directivas europeas del mercado energético. Si no lo hace, la Comisión denunciará a España ante el Tribunal de Justicia europeo. Las dos directivas a que hace referencia el ultimátum liberalizan el mercado, lo que formalmente ya es una realidad en España, pero además establecen garantías de suministro e imponen otras condiciones en defensa del consumidor.

El nuevo comisario de Energía, el letón Andris Piebalgs, anunció también para finales de este año un informe sobre el funcionamiento de los mercados energéticos liberalizados.

A la vez que España, otros nueve países (Alemania, Bélgica, Estonia, Irlanda, Lituania, Letonia, Suecia, Grecia y Luxemburgo) están en la lista de los que recibirán un dictamen motivado, previo a la denuncia ante el tribunal, por la misma causa. Para Piebalgs, la aplicación correcta de las dos directivas aprobadas hace tres años y la consecuente liberalización efectiva de los mercados del gas y la electricidad están logrando precios más competitivos.

Piebalgs, que el día 17 de febrero pasado mantuvo un encuentro con el ministro de Industria, José Montilla, dijo ayer entender los problemas españoles a causa del cambio de Gobierno. También aseguró no tener ningún interés en recurrir a los jueces, sino en urgir a los países a que apliquen una normativa que ellos mismos aprobaron y que es esencial para mejorar la competitividad europea. "Rumania y Bulgaria ya han abierto sus mercados", manifestó Piebalgs, "lo que pone en evidencia a antiguos países de la UE que todavía no han cumplido".

El suministro de gas y electricidad para los grandes consumidores no residenciales (la industria, fundamentalmente) tendría que haber estado liberalizado en la Unión ya desde el 1 de julio de 2004 (España se adelantó en el proceso), tal y como estaba previsto en las dos directivas aprobadas tras largas negociaciones. En octubre de 2004, sin embargo, la Comisión Europea se vio obligada a abrir expediente (en sendos escritos de requerimiento) a 18 países por incumplimiento o defecto en la transposición de las normas europeas (los 10 citados ahora más Finlandia, Italia, Malta, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Portugal).

El nuevo comisario de Energía ve positivo que al menos ocho países hayan podido sortear el expediente, pero cree que es urgente llevar estas directivas, consideradas esenciales para alcanzar los Objetivos de Lisboa de dinamizar la economía y crear más empleo. Los mercados del gas y la electricidad han estado tradicionalmente en Europa en manos de grandes empresas que operaban en régimen de monopolio en la mayoría de los países de la UE.

Además de liberalizar el mercado, ambas directivas velan por el mantenimiento de la calidad del servicio, el servicio universal, la protección de los consumidores vulnerables y la seguridad de abastecimiento. La transparencia de las tarifas y el etiquetado para que los consumidores conozcan el origen de la energía que reciben son también importantes. La ausencia de una transposición correcta en este terreno hace dudar a Bruselas de que tales garantías se estén respetando.

Acuerdo con EE UU

También ayer, la Comisión Europea decidió abrir expediente a España (y a otros seis países) con un primer escrito de requerimiento a causa de su acuerdo de transporte aéreo con Estados Unidos. Ese acuerdo es doblemente ilegal, según Bruselas. Por un lado, debido a la cláusula de nacionalidad, que reserva derechos de tráfico para las compañías aéreas de bandera impidiendo la libre competencia en la prestación de servicios de transporte aéreo internacional entre la UE y Estados Unidos. También es ilegal porque un fallo del Tribunal de Justicia europeo dictaminó que es la Comisión la que tiene derecho exclusivo en la firma de acuerdos con terceros países.